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Así explicó el senador Larraín bloqueo a la fiscalía por caso “copy paste”

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El senador Hernán Larraín (UDI), presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, desmintió las acusaciones de ocultamiento de información y de defensa corporativa ante la negativa de la corporación a entregar al fiscal Manuel Guerra los informes sobre asesorías externas solicitadas en el caso copy-paste.

En declaraciones a La Tercera, el parlamentario y expresidente de la UDI afirmó que las acusaciones de ocultamiento son “una mirada superficial al problema. No se trata de negar una información que alguien solicita al Senado, porque eso sería contrario a los principios de transparencia. Yo no tengo problemas con solicitudes de esa naturaleza. Lo que sucede es que se solicita una determinada información dentro de una investigación penal en curso, como una ampliación de ella”.

Agregó que “eso no es correcto porque, como dice el Código Procesal Penal, para que se inicien o extiendan investigaciones por parte de los fiscales debe haber ‘indicios’ de un posible delito, fundado en hechos concretos que pueden afectar a una o más personas determinadas”.

Aquí hubo un senador nombrado por una investigación hecha por un medio y la fiscalía, en poco rato, decidió investigar a todos los senadores, convirtiendo al Senado en objeto de sospecha, sin que para ello, salvo de una persona, existan antecedentes objetivos que les dé la autoridad para investigar”, añadió.

También enfatizó que “no hay ocultamiento, porque por transparencia se puede acceder a esa información, más bien existe el rechazo a poner en cuestionamiento ético y legal al Senado, como si fueran presuntos culpables de hechos ilícitos”.

Y en cuanto a una supuesta defensa corporativa, retrucó que “parece existir un ataque corporativo. Lo que ha pedido el Senado es respeto a la ley y a las facultades de los fiscales en su proceder. Si un fiscal, por sí y ante sí, decide un día investigar a todos los jueces, porque uno de ellos tiene una conducta de ilicitud cuestionable, las instituciones pasan a estar bajo una duda pública por la mera discrecionalidad de un fiscal, cuestión que es grave para su respeto y legitimidad institucional. Parece un ataque deliberado a un órgano del Estado que mina su prestigio y debilita su función”.
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