La senadora Fabiola Campillai (Independiente) emplazó al Gobierno por la tardanza en la tramitación del proyecto de amnistía a los denominados “presos políticos” del estallido social, la cual aún no ha sido puesta en tabla pese a contar con urgencia simple por parte del Ejecutivo desde el 21 de marzo.

“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, indicó la legisladora.

Camipillai acusó que “estamos aburridos de ver a estas madres desechas esperando la libertad de sus hijos y a las familias destruidas esperando la libertad de sus familiares. Son presos políticos, porque los tienen prisioneros, secuestrados en las cárceles por montajes”.

“Yo no sé si se habrá rendido (el Gobierno) pero estoy esperando esta reunión para saber si es así o sino para seguir trabajando con las familias”, remarcó.

Luego recordó que “éramos parte de este proyecto, pero cuando se vieron que no habían los votos suficientes, ni siquiera se nos informó a nosotros antes de hablar con las familias. O sea esta senadora, me creo capaz de buscar esos votos y no se me informó, a pesar de que estábamos trabajando en este proyecto. Estoy muy enojada con eso y por eso estoy a la espera de esta reunión con el Presidente, Giorgio Jackson y la ministra de Justicia, porque no creo que el gobierno no pueda ser capaz de buscar los votos”.

La senadora perdió la vista, el olfato y el gusto el 26 de noviembre de 2019, tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena cuando se dirigía a un paradero en San Bernardo para ir a su trabajo. El hecho ocurrió en el marco de una manifestación por el estallido social y hay un imputado como presunto autor del disparo, el excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda.

CARTA POR CASO HOTEL PRINCIPADO

Además, Campillai emitió sus declaraciones desde La Moneda, hasta donde había llegado para acompañar a la madres de los detenidos por el Caso Hotel Principado.

Las mujeres entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando una solución para sus hijos, los imputados Matías Elías Rojas Marambio, Benjamín Alexis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez, quienes explican “estuvieron por más de 2 años en prisión preventiva en el CDP Santiago 1 y más de seis meses con arresto domiciliario”.

“En este periodo sufrieron la vulneración constante de sus derechos fundamentales, incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Este complejo contexto carcelario, afecto su salud integral, al estar alejados de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos traumáticos de una injusta prisión, en condiciones inhumanas como usted pudo verificar personalmente cuando los visito mientras era diputado”, añaden la misiva.

Luego indican que “nuestros hijos fueron detenidos y acusados por agentes encubiertos, quienes actuaron sin contar con autorización de un juez de garantía y tampoco la orden de un fiscal. En razón a esto es que el pasado 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema, anuló parcialmente el juicio y decretó que lo actuado por la policía el día 12 de noviembre de 2019 era ilegal, ordenándose la realización de un nuevo juicio, en el cual fueron absueltos el 14 de Junio”.

“A pesar de esto, el 28 de junio el Octavo Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de nuestros hijos, basada en la anterior sentencia ya anulada, por lo que nuestros abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones que lamentablemente fue rechazada. En estos días es altamente preocupante la presencia de personal de civil en nuestras casas amedrentándonos, especialmente considerando el hecho de que existe certeza de la participación de los llamados “intramarchas” en las detenciones y luego como testigos en las audiencias”, acusan.

Posteriormente, explican que como madres temen “por la vida e integridad”, esperando “algún tipo de apoyo, acompañamiento y reparación desde la institucionalidad, considerando que han sufrido torturas, hostigamiento, denegación de derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación, trabajo”.

“Luego de las elecciones recientes y del término del proceso constituyente nos parece ética y moralmente inaceptable que en nuestro país aún existan presos políticos, más aún cuando fueron protagonistas y gestores de la posibilidad histórica de generar las condiciones para construir un nuevo futuro para millones de chilenas y chilenos”, concluyen, solicitando “una pronta solución a la situación de nuestros hijos y de todos los presos políticos de la revuelta”.