Un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional presentó el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para evitar su formalización en el marco del caso Caval.

Chadwick Larraín será formalizado el próximo 29 de enero del fiscal Luis Toledo “en calidad de autor del delito de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio”.

Sin embargo, el documento de la defensa de Chadwick, firmado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz señala que el artículo 38 del libro IV del Código de Comercio “está actualmente derogado” y se pretende aplicar la formalización “en virtud del artículo 12 transitorio de la Ley 20.720”.

Según la defensa del síndico, esto sería inconstitucional, por cuanto “las disposiciones penales contempladas en la presente ley (20.720) sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia”. Cabe recordar que la ley fue publicada el 9 de enero de 2014 y los hechos investigados son anteriores a esa fecha.

Según el escrito presentado por Chadwick ante el TC, se “infringe y vulnera principalmente el artículo 19 número 3, inciso octavo, de la Constitución”, y añadió que “no sólo se me formalizará como autor de un supuesto delito, que se establece y tipifica mediante la aplicación de normas inconstitucionales, sino que además y más grave aún, se me podrán imponer todas las medidas cautelares personales dispuestas en el Código procesal Penal, inclusive, la prisión preventiva”.

SU VINCULACIÓN CON EL CASO

El síndico, hijo del abogado y militante UDI, Herman Chadwick Piñera, y sobrino del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, fue el encargado de liquidar los bienes de Patricio Wiesner.

Entre otros, vendió los terrenos de Machalí en $6.500 millones a Caval, la empresa de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, quien también será formalizada el 29 de enero.

De acuerdo a los testimonios del proceso, al síndico le dieron un “premio” consistente en $ 96 millones. El otro punto que se objeta es su relación con el operador político de la UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz, quien trabajaba en la modificación del uso de suelo de los terrenos de Machalí, y a quien le habría pagado $415 millones.

Chadwick también está querellado por el Servicio de Impuestos Internos “como autor de la omisión maliciosa de ingresos” y por los pagos “sin respaldo” a Juan Díaz.

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