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Ciberseguridad: ¿Qué tanto sabemos de los delitos online y cuándo somos víctimas de ellos?

Esta pregunta se torna muy relevante en la actual situación de pandemia que vive el país, a causa del Covid-19, y que ha incrementado el uso de internet, ya sea por trabajo o estudio, y con ello los resguardos para no ser víctima de los ciberdelincuentes son una prioridad.
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La facilidad con la que cualquiera puede saber detalles de la vida cotidiana de desconocidos, simplemente accediendo a los perfiles públicos de las redes sociales, es el factor que nos vuelve más vulnerables a los delincuentes que buscan cometer todo tipo de delitos, sobre todo en la red.

Este es un antecedente significativo si se considera que la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc, 2019), reveló un notorio aumento en aquellas personas que acusaron se objetos de estafas por internet que pasó del 1,6% al 2%, y de suplantación de identidad en cuentas bancarias (1% a 1,4%).

Frente a estas cifras y dado que la pandemia del Covid-19 ha incrementado el uso de internet, ya sea por trabajo o estudio, los resguardos para no ser víctima de ciberdelincuentes son y seguirán siendo una prioridad.

Por ello, la Cámara Chileno-Suiza de Comercio organizó el webinar “Desafíos y Estrategias de la Ciberseguridad en Tiempos de Crisis” en el que dio a conocer los tipos de delitos online y consejos para evitar caer en ellos.

La técnica más básica utilizada por los antisociales es la facilidad con la que cualquiera puede saber detalles de la vida cotidiana de desconocidos, simplemente accediendo a los perfiles públicos de las redes sociales.

Ello hace necesario mantener un perfil privado en las redes sociales, sobre todo en plataformas como Facebook que es un libro abierto de la vida de las personas.

Otra de las modalidades utilizadas por los delincuentes para obtener datos sensibles es el phishing, que se realiza a través de mensajes a celulares y correos electrónicos con ofertas o descuentos que incluyen enlaces con los que el usuario inocentemente interactúa.

Esto puede generar la instalación de archivos en los dispositivos que revelan información o dan el control del aparato al estafador.

También está el sistema de vishing, que mayoritariamente se realiza por teléfono y en el que mediante una suplantación de identidad de un familiar o conocido, mediante el cual la víctima recibe instrucciones para entregar dinero a través de transferencia o depósito bancario.

Conocida como el “cuento del tío” genera una situación en la que un ser querido protagoniza un accidente y para reparar el daño se solicita cierto monto de dinero. Todo, por supuesto, es simulado.  “No hay que dejarse llevar por el interlocutor. Uno debe tranquilizarse y verificar con alguien lo que me están contando”, señala el consultor de ingeniería social de DreamLab Technologies, Daniel Isler.

Por último, está la intrusión física a ciertos espacios donde se guardan datos personales. Los ciberladrones llegan incluso a revisar la basura para encontrar contraseñas, números de teléfono o cuentas de bancos. “Cuando se está en una fila utilizando el teléfono, alguien podría estar mirando por sobre el hombro”, puntualiza el experto en ingeniería social.

CUIDADO EN COMPRAS O USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA RED

Además del trabajo y el estudio, el coronavirus ha incrementado el comercio electrónico en 119% y con ello el tráfico de datos ha crecido entre 30% y 40%, registrándose también un aumento en 500 casos de los intentos de estafa.

En ese sentido, exsubsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, se refirió a los temas normativos del uso de internet y e-comerce.

Hizo mención al impuesto que desde ahora pagarán los usuarios de plataformas electrónicas como Netflix, pero también a los desafíos que se vienen en materia de logística. Sobre todo en los tiempos de respuesta en la entrega de bienes, cumpliendo así las expectativas y exigencias de los clientes.

Por último, el docente e investigador de la Universidad Mayor mencionó 3 desafíos regulatorios respecto a las telecomunicaciones.

“Primero, debe haber una mayor fiscalización de las empresas que ofrecen estos servicios; segundo, es evidente que falta una normativa respecto a la calidad y, por último, debe apurarse el proyecto de ley que mira a internet como un servicio público para que todos los ciudadanos tengan libre acceso”, dijo.

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