A fines de marzo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público para incautar el vale vista con el que la Municipalidad de Santiago buscaba pagar la primera cuota de la ex Clínica Sierra Bella.

La determinación ocurre en el marco de la investigación penal por eventual fraude al fisco, la cual surgió ante dos querellas que denuncian un presunto sobreprecio en los más de $8.200 millones que se intentaron pagar por el inmueble, de propiedad de la Inmobiliaria San Valentino SpA.

Una de las acciones judiciales es de los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázabal, del Partido Republicano, quienes plantean que la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición.

Kaiser e Irarrázabal -mediante el abogado Sergio Rodríguez Oro- pidieron ahora que la Policía de Investigaciones (PDI) incaute los correos institucionales de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Según informó El Mercurio, los querellantes solicitan que la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI “se constituya en la Ilustre Municipalidad de Santiago a fin de proceder a obtener copia e incautar desde sus servidores los correos institucionales de Irací Luiza Hassler Jacob (alcaldesa)”.

También piden la diligencia para otros funcionarios municipales, como el administrador Claudio González; el director jurídico, Jean Pierre Chiffele; el jefe de Planificación, Luis Mayorga; y la directora de Salud Municipal, Beatriz Chamorro.

En la acción judicial, los querellantes acusan que “se trata de un delito complejo en el cual, a lo menos, intervienen tres ámbitos de sujetos: funcionarios municipales en el ejercicio de su cargo, terceros o privados, que son los dueños del inmueble, y tres tasadores controlados por la municipalidad para tasar los inmuebles”.

Apuntan a “un acuerdo delictual a fin de adquirir dichos terrenos a un precio casi cuatro veces de su valor comercial, de modo tal que la Municipalidad de Santiago compró dichos terrenos a ese monto, causando con ello un perjuicio millonario”.

En declaraciones al citado medio, Irarrázabal indicó que “el fraude es tan evidente que distintos organismos del Estado, la Contraloría, el Conservador de Bienes Raíces, la Fiscalía y la justicia, han hecho lo suyo para detener la compra”.

Hassler ha solicitado “celeridad” en los pronunciamientos relativos a la adquisición de la ex clínica, ya que el proceso fue suspendido por Contraloría.

“Solicitamos que las distintas acciones, especialmente los pronunciamientos, puedan ser con celeridad, para que podamos justamente despejar cualquier duda y avanzar con un proyecto que es urgente para nuestros vecinos y vecinas, en una comuna que ha más que duplicado su población en los últimos 20 años”, consignó.