Con la presencia de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, se inició este miércoles en el Senado la acusación constitucional en contra de la magistrada que presidió la comisión que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, sindicado como el autor del femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo (16) en Villa Alemana.

El libelo acusatorio presentado por los diputados consta de dos capítulos: el notable abandono de deberes en que habría incurrido la magistrada y la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cada capítulo se votará por separado.

La sesión especial se inició con la cuenta del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, sobre el oficio enviado por la Cámara de Diputados, tras lo cual se dio por entablada la acusación en contra la magistrada. Luego, expusieron los diputados que revisaron el libelo, Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida y Daniel Verdessi, y la defensa de la jueza, encabezada por el abogado Luis Hermosilla. La ministra asiste por primera vez al Congreso en el transcurso de la acusación

Una vez concluidas las exposiciones, los diputados acusadores tendrán hasta 45 minutos para replicar, mientras que la defensa dispondrá de hasta 45 minutos para la dúplica.

Por la tarde, la sesión de votación se desarrollará entre las 16 y 22 horas para que cada senador fundamente su pronunciamiento a favor o en contra por hasta 15 minutos cada uno. Si durante la sesión los parlamentarios no alcanzan a hacer uso de la palabra, se acordó citar a una nueva sesión para el día jueves 24 de septiembre a objeto de que todos los senadores puedan fundamentar su voto y concluir la votación.

Según la Constitución Política, el Senado tiene entre sus atribuciones conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable y debe resolver como jurado, limitándose a declarar si el (la) acusado (a) es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.

En este caso, la declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio y la acusada queda destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.