Contraloría detectó desorden financiero en 73 entidades públicas por US$17.800 millones

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles los principales hallazgos detectados durante la revisión de Estados Financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. Los montos cuestionados alcanzan a los $15,9 billones, equivalentes a 17.300 millones de dólares.

El reporte revela que en el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. También se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.

La CGR revisó en el período antes mencionado 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del Sector Municipal. En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.

Todas estas situaciones impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes. En total, son $15,9 billones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal.

Como resultado de dichas auditorías, durante el período antes mencionado, la CGR dispuso acciones disciplinarias, incluyendo 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas.