Daniel Andrade, exresponsable legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, abordó en “Contigo en la Mañana”, de Chilevisión, el Caso Convenios.

Según señaló, los tres convenios cuestionados son de naturaleza distinta entre sí. Uno es para “construcción de vivienda y otros, para diagnóstico de la comunidad (…) En particular, los convenios a los que nosotros accedimos, eran de levantamiento de diagnóstico, y el otro convenio era el acompañamiento y construcción de esta infraestructura liviana”, recogió Emol.

El proyecto de la Fundación Democracia Viva se concibió en 2020, y estaba enfocado en la “participación ciudadana”, en tanto, la firma formal para darle forma legal, fue en septiembre de 2021, según dijo.

Detalló que los convenios que suman un total de $426 millones, contemplaban una duración de 12 a 16 meses. Uno de ellos, fue adjudicado en noviembre del año pasado, y la ejecución empezó en marzo. “Nosotros ejecutamos $131 millones a la fecha”, sostuvo.

Daniel Andrade remarcó que “para estos trabajos eran cinco o seis personas, a veces siete, con boleta, todo eso está respaldado”, y aclaró que “los gastos que hacía la fundación era tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones”.

Subrayó que “nunca nos pidieron boleta de garantía”, y aunque aclaró que ellos sí solicitaron boletas de garantía a las constructoras, “no fue algo que el Estado nos pidiera”.

Respecto al rechazo que hizo la Subsecretaría de Vivienda al recurso presentado por Democracia Viva y que los obliga a cumplir con el pago de $391.768.516, Andrade insistió en los reparos que ha planteado la fundación.

“El 29 de junio solicitamos el fin de convenio, ellos se demoraron dos semanas en respondernos. Después de eso, ellos hacen una liquidación, y nosotros no estamos de acuerdo con esa liquidación “creemos que es política, no técnica”. Esto, porque “nos dicen que desde febrero a junio, habían observaciones en las rendiciones, pero nosotros no tenemos esas observaciones, no las entregaron (…) Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el Ministerio de Vivienda”, indicó.

Respecto al Caso Convenios sostuvo que “creo que ha sido un error gigante”.

“Me trataron como el líder de una banda criminal. Yo no habría firmado esos convenios, fui imprudente en ese momento, y no medí los riesgos políticos”. Agregó que su expareja, diputada Catalina Pérez, “no influyó” en nada en el caso, e insistió en que “pequé de imprudencia”.