El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la noche de este martes prisión preventiva para 62 imputados, formalizados por integrar una red de corrupción al interior de la cárcel Santiago I.
En el marco de la Operación Apocalipsis, 42 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por pertenecer a una organización de crimen organizado, quedando todos privados de libertad.
El juez Francisco Ramos dio por acreditados los antecedentes expuestos por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que solicitó la medida cautelar más gravosa: “En cuanto al éxito de la investigación, cuantificar que la investigación seguía por el persecutor se relaciona con una serie de células criminales que operan desde y hacia el interior de las mismas, con el poder monetario suficiente para corromper el sistema carcelario”.
Y agregó que, “por lo que nada asegura que estando en libertad estos mismos imputados ya corruptos puedan complotar para intervenir o intentar ejercer presiones o injerencias en contra de terceras personas, u otros imputados que, por ejemplo, deseen colaborar con la investigación”.
El magistrado resolvió que “se decreta la prisión preventiva de todos los imputados sujetos de la solicitud por parte del Ministerio Público, los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería”.
La Fiscalía manifestó su conformidad con la resolución, al estimarse acreditados los delitos imputados. El fiscal jefe Occidente, Marcos Pastene, señaló:
“Se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, o sea, acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, ingreso de celulares al interior de los establecimientos, y además, y creo que también es lo relevante, las aristas de infracciones patrimoniales o lavado de activos”.
De acuerdo con la investigación, los gendarmes permitían el ingreso de grandes bolsas con celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos prohibidos. Incluso, algunos introducían productos por iniciativa propia para venderlos a los reclusos.
Asimismo, se estableció que facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual, haciéndolas pasar como visitas autorizadas. Por estos ingresos, y dependiendo del producto, cobraban entre $10.000 y $400.000.
Junto con las detenciones, se concretó la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, además de armas y drogas.
Los procedimientos se realizaron en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
