Una fiscalización que permitió constatar un caso colectivo de informalidad laboral que afectaba a ocho trabajadores migrantes, en su mayoría bolivianos, realizó la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente en un taller de confección de vestuario en Recoleta.
La diligencia en la empresa Asmahan Confecciones fue practicada en conjunto con la Seremi de Salud y con la PDI, puesto que respondió a una denuncia por posible trata de personas, lo que finalmente fue descartado, aunque sí se comprobó su situación migratoria ilegal.
En lo concerniente al ámbito sanitario, la empresa estaba vulnerando la cuarentena obligatoria dictada por la autoridad puesto que su giro no corresponde a servicios esenciales.
En lo netamente laboral, fue posible verificar variados incumplimientos a la normativa del Código del Trabajo.
Las infracciones constatadas fueron las siguientes:
- No pago de remuneraciones.
- No declaración de cotizaciones previsionales.
- No llevar correctamente registro de asistencia.
- No escriturar contratos.
Estas infracciones llevaron a la aplicación de multas por 45 UTM, equivalentes hoy a $2.266.740.
El operativo conjunto de las tres instituciones responde al marco de colaboración de la Mesa Regional de Trata de Personas
