El director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo Val, se refirió a la decisión del juez Héctor Barraza sobre entregar información de más de 50 testigos de la causa por el clan “Los Gallegos”, vinculada al Tren de Aragua.

Tras esta decisión, la Fiscalía Regional de Arica presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones, la cual dio la orden de no innovar respecto a la resolución del tribunal, admitiendo “la gravedad de consecuencias para los afectados y sus garantías y la naturaleza de los hechos”.

En conversación con Radio ADN, Castillo sostuvo que la decisión del juez no fue compartida por el Ministerio Público, “por algo ejercimos las acciones que creímos que eran las pertinentes”.

Sin embargo, sostuvo que “esto nos permite avanzar sobre qué fue lo que pasó, y lo que uno espera que pueda pasar adelante”.

En esta línea, explicó que en la audiencia “el juez (Barraza) decidió tres cosas: por un lado, solicitó que el fiscal de la causa debía comparecer personalmente, pese a que, a este, como Ministerio Público, le habíamos asignado medidas de protección intensas por amenazas”.

“Además, decidió que había que entregarle a la defensa los nombres respecto de los testigos y las víctimas, pero también los nombres de los agentes encubiertos, que se introdujeron en la organización criminal”, agregó.

En ese sentido, el director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional señaló que “hoy día está tomando cada vez más relevancia la figura del agente encubierto”.

“Ese agente policial, que decide involucrarse con una organización criminal para desbaratarla, lo principal que requiere es la certeza de que su identidad estará protegida”, complementó.

De esta forma, abordó la nueva Ley de Crimen Organizado y planteó que “si bien el legislador avanzó mucho con la ley de crimen organizado, como país, debiésemos pensar en un plazo mediano la opción de tener una ley propia del agente encubierto”.

“Esta ley es reciente, que contempla la tipificación de la asociación delictiva y criminal, que es un delito por sí mismo”, dijo.

Asimismo, aseguró que “esta iniciativa nos permite realizar un montón de diligencias que antiguamente no podíamos hacer, porque estaban reservadas para la ley de droga, y eso significó un cambio copernicano”.