La contralora general de la República, Dorothy Pérez, formuló duras críticas al proyecto de ley de reajuste al sector público, durante su participación en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde entregó su visión sobre la iniciativa.
Desde el inicio de su intervención, Pérez advirtió sobre la falta de información disponible: “La Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”.
Explicó que se han sostenido reuniones con la Dirección de Presupuestos, pero que aún existen componentes de gasto imposibles de verificar: “Hay otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos cómo validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias (…) ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”.
La contralora, además, presentó ejemplos de funcionarios a contrata que han ingresado en grados altos y con remuneraciones superiores a las de trabajadores de planta con décadas de carrera. “Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años (…) y que, sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”, señaló.
Según explicó, estos nuevos contratados llegan “a veces a realizar la misma función. Lamento decir esto: a veces a aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor”.
Pérez recogió también el malestar de los trabajadores: “Los funcionarios nos reclaman: ‘qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando’”.
Norma de “amarre”
En ese contexto, criticó disposiciones del proyecto que han sido calificadas como “amarre” por la oposición, al limitar despidos en algunos casos. “Para los funcionarios que son (a contrata) transitorios (se) establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre (…) este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema”, indicó.
La contralora enfatizó que el efecto práctico es negativo para la carrera funcionaria. “Afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos”, expresó.
Finalmente, Pérez cuestionó el artículo 6 del proyecto, que limita la intervención de la Contraloría en asuntos litigiosos: “Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional”.
Advirtió sobre el riesgo institucional que implica abrir este precedente: “El hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple, modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso”.
Y concluyó con una advertencia mayor: “Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República (…) esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”.
