La delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, salió al paso de las críticas que piden su renuncia en el marco del Caso Convenios.

Dresdner sostuvo este viernes que “cuando existen dudas respecto de los temas de corrupción, de que haya nepotismo, tráfico de influencias, hay que ser implacables, eso quiere decir transparencia absoluta”.

“Nosotros mismos hemos instruido a todos los seremis y a todos los servicios de la región a que levanten todos los convenios que han tenido con fundaciones, organizaciones y ONG desde el 2018, para tener muy claro el contexto e información, que es lo que corresponde”, indicó.

Añadió que “toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes. Acá no hay nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de la norma”.

Consultada por si colaboró con la acción judicial que presentó Revolución Democrática (RD) por el caso de la Fundación Democracia Viva, aseguró que así fue y que “en la querella se me pide que vuelva a entregar estos antecedentes a Fiscalía. Estoy absolutamente disponible, no tengo ningún problema con aquello”.

“Tengo un mandato que nos ha entregado el Presidente de la República, que es de poder trabajar para las personas de la región, de resolver los problemas. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo sin excepción”, concluyó.

Los cuestionamientos contra la delegada del Biobío surgieron debido a que Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, emitió una boleta por $3,9 millones por asesorarla comunicacionalmente durante su candidatura a senadora en el 2021, en la cual no resultó electa.

Democracia Viva está en la polémica después de que Andrade firmara convenios por $426 millones por parte del otrora seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, para trabajar con campamentos en esa región. Ambos están relacionados con la diputada Catalina Pérez, como su expareja y su exasesor legislativo, respectivamente, estando los tres ligados a Revolución Democrática (RD).

Por otro lado, Dresdner también ha sido criticada debido a que junto a su exjefe de gabinete, Vicente Guzmán, trabajaron para Urbanismo Social. En este caso, las suspicacias se levantaron debido a que la entidad realizó con el Serviu del Biobío un trato directo por cerca de $148 millones para asesorar legalmente a 712 afectados por los incendios forestales.

El caso de Urbanismo Social también se relaciona con el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, quien fue director jurídico de esa ONG, la cual recibió transferencias entre octubre y diciembre de 2022.