Andes Iron, sociedad que pertenece a las familias Délano y Garcés, se prepara para la venta del proyecto minero-portuario Dominga a inversionistas chinos.

Según informó Diario Financiero, ya habría un principio de acuerdo para el traspaso de la totalidad de la iniciativa que pretende construirse a 16 kilómetros al norponiente de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

Las negociaciones están siendo dirigidas por la CEO de Sunforest Chile, Joanne Zhou, y el empresario chileno José Antonio Ibarra. Actualmente, las partes están realizando un “due diligence” -investigación previa a un contrato- que se extendería por cuatro meses.

El proyecto implica una inversión estimada de US$ 2.500 millones e implica una producción anual de 12 millones de toneladas de hierro, además de otras 150.000 toneladas de cobre.

El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, reaccionó al principio de acuerdo entre Andes Iron y los inversionistas chinos.

“No me habían dicho nada. Esto es una sorpresa. No sé cómo lo tomará la comunidad, porque ellos tienen una relación muy cercana con la empresa y desconozco si esto los atemoriza un poco, principalmente porque hay compromisos que se deben cumplir, que quedaron escritos. Lo que esperamos es que esos compromisos no se caigan”, indicó el jefe comunal, según recoge La Tercera.

La construcción ha generado resistencia por organizaciones medioambientales debido a los posibles efectos que tendría en la zona. De hecho, el pasado 12 de enero, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó un recurso de protección interpuesto por la ONG Oceana en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) por su aprobación de la construcción.

Entonces, el tribunal de alzada apeló al principio de inavocabilidad, alegando que la Corte Suprema aún debe resolver otro recurso interpuesto en contra de Dominga en mayo de 2021, el cual busca revertir el fallo del Tribunal Ambiental que permitió llevar a cabo la votación en el Coeva.

Dominga fue uno de los argumentos principales de la fallida acusación constitucional impulsada en contra del Presidente Sebastián Piñera en noviembre del año pasado.

El libelo fue presentado después de la publicación de los “Pandora Papers”, investigación periodística internacional donde se revelaron nuevos antecedentes de la compraventa que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010.

De acuerdo a la filtración, en la transacción había una cláusula que señalaba que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir la instalación no se declare zona de exclusión, lo que constituiría un conflicto de interés.