El Gobierno ingresará este lunes en el Congreso un proyecto de “reglamento de uso de la fuerza”, el cual busca establecer una normativa para las Fuerzas Armadas y de Seguridad en medio de las recientes iniciativas que han aumentado sus atribuciones.
La discusión se enmarca en dos hitos. Uno es la Ley de Infraestructura Crítica, que ha permitido el despliegue de las FFAA en la frontera del norte ante la crisis migrante, pero sin un protocolo claro de lo que deberán hacer los militares en caso de encontrar a un ciudadano extranjero entrando al país de manera irregular.
A ello se suma la reciente promulgación de la Ley Naín-Retamal, la cual refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil.
Entre distintos puntos, dicha legislación contempla la presunción de la legítima defensa en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
Ante los reparos que dejó la promulgación de esta última ley, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que buscarán impulsar proyectos de “reglas claras y de control”, mencionando entre ellos “el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que va a establecer cuándo, cómo y con qué estándares se establece el uso racional de la fuerza”.
Tohá mencionó la iniciativa que busca crear el Ministerio de Seguridad y la que busca mejorar la aplicación de la obligatoriedad del uso de cámaras corporales por parte de carabineros.
En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que la tramitación en torno al reglamento del uso de la fuerza comenzará en comisiones unidas de la Cámara de Diputados y del Senado.
“Las reglas del uso de la fuerza dan certezas a todo el mundo, a la ciudadanía, a las policías y a los jueces. Tienen principios generales y gran parte de su operatividad está relacionada a los protocolos que se aprueban por reglamento”, indicó.
Cordero recalcó que “es relevante porque hoy sí existe reglas del uso de la fuerza, pero están definidas en instancias simplemente administrativas, por lo que en ocasiones los jueces no las usan o no las reconocen, porque no tienen respaldo legal”.
