La ministra del Interior, Carolina Tohá, y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Vlado Mirosevic (PL) y Juan Antonio Coloma (UDI), respectivamente, concretaron la firma de un acuerdo para impulsar 31 proyectos en materia de seguridad.

Desde la sede del Congreso de Santiago, Coloma explicó que el tratado consta de cuatro etapas. En la primera se priorizarán las iniciativas que ya están prontas a despacharse; a lo que le seguirán dos agendas, de 75 días y de 150 días plazo, para terminar en propuestas “que tienen que ser reguladas antes de fin de año”, mencionando como ejemplo “la seguridad privada o fiscalía supraterritorial”

“A este fast track legislativo le asignamos una tremenda relevancia. Nuestro compromiso es poner la urgencia, las velocidades, y buscar en cada uno de estos proyectos que tienen una tramitación propia, los escenarios de entendimiento para que el país pueda sentir que, definitivamente, la seguridad empiece a abandonar nuestro territorio”, indicó el presidentede la Cámara Alta.

Coloma subrayó que “aquí, lo que estamos haciendo es comprometiéndonos. Hay que enfrentar estos temas, y aunque a vaces a uno lo puedan criticar, hay que ser rápidos y más urgentes en este tipo de legislación. Y por eso, hemos concordado estos 31 proyectos que van a ser especialmente considerados”

Por su parte, Mirosevic apuntó a un “tema de prioridades”, ya que “en ambas Cámaras, hay muchas iniciativas en paralelo para hacerse cargo del tema de seguridad. Lo que había que hacer era ordenarlas y priorizarlas”.

“Esto va a significar que tengamos que convocar a sesiones extraordinarias, donde el Congreso va a tener que votar más leyes y más rápido. Hay disposición absoluta de nuestra parte a que esto sea así, que esta agenda avance lo antes posible. Porque sentimos que la gente tiene todo el derecho de exigirnos que dejemos de pelear, y tomemos acción rápida para enfrentar la delincuencia”, agregó.

Mirosevic destacó algunos proyectos, como la ley de delitos económicos; la que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos en las cárceles; y la ley sobre inteligencia financiera.

“Esperamos que todas las fuerzas políticas, de izquierda a derecha, se pongan detrás de esta priorización, y que aprobemos lo antes posible las leyes que el país está esperando”, indicó.

En tanto, Tohá recalcó que “es un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también entre oficialismo y oposición”, aseverando que “da prueba de que entendemos que es necesario colaborar, construir unidad para enfrentar este desafío que tenemos ante el problema del crimen violento, que hoy día está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios”.

Aseguró que habrá “un esfuerzo extraordinario de añadir sesiones, de poner urgencias legislativas, para sacarlos en los tiempos que nos estamos comprometiendo”.

La ministra sostuvo que están “adoptando ante el país un compromiso en primera persona como autoridades del Estado, de poner todas nuestras capacidades para buscar soluciones a los desacuerdos que pueda haber. A construir, a través del diálogo, salidas a esos desacuerdos, para que ellos no sean una excusa para que estos proyectos se paralicen”.

En particular, la secretaria de Estado mencionó el Ministerio de Seguridad Pública. “Algo que llevamos muchos años hablando. Ahora, en 150 días, nos estamos comprometiendo a que el Congreso lo despache, y hacer todos los esfuerzos para que se despache un muy buen proyecto”, valoró.

Finalmente, al ser consultada sobre el proyecto de reglamento de uso de la fuerza, Tohá respondió que “está incorporado”, aunque remarcó que “eso no significa que se hayan terminado las diferencias, pero vamos a trabajar duramente para resolverlas y que el proyecto salga”.