El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, expuso ante la Comisión de Salud del Senado contra la propuesta de ley corta del Gobierno que busca hacer factible el fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre de 2022 en contra del sector.

La resolución del máximo tribunal obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.

Para dar cabida a la sentencia, el Gobierno ingresó una iniciativa de ley corta que aumenta las facultades de la Superintendencia, fortalece Fonasa y entrega seis meses a las isapres para que informen el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda, y entreguen una propuesta de plan de pago.

Se estima que las empresas tendrán que devolver cerca de US$1.400 millones con esta propuesta, quedando sin la opción de distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones.

En un comunicado, la Asociación de Isapres indicó que la propuesta del Ejecutivo “es un engaño” y “denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud”.

“Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, sostuvo la entidad.

Simón aseguró que si se aprueba la ley corta durante este mes “tal como está”, el sistema podría colapsar en septiembre. Ante ello, pidió poner énfasis en que si el rubro “no puede seguir operando, la verdad es que las devoluciones pasan a un segundo plano”.

El líder gremial recordó que desde la Superintendencia de Salud estimaron que la baja de ingresos para las isapres será de un 8% mensual después de rebajar sus planes, equivalentes a  $31 mil millones. En contraste, indicó que las ganancias entre los años 2013 a 2019 fuero de $34 mil millones.

¨“Eso quiere decir que las isapres necesitarían tener márgenes 12 veces superiores a los que tienen hoy día para poder enfrentar esto, porque recordemos que una vez que se produce esta caída, ya no hay forma de recuperarla, es permanente, se mantiene en el tiempo”, remarcó.

En esa línea, explicó que el proyecto del Gobierno señala que “la Superintendencia solo tiene 30 días para emitir la circular, y emitida la circular, esa circular tiene que indicar que al mes subsiguiente, o sea, a los 60 días, tiene que estar hecho el ajuste o la adecuación”.

“Eso quiere decir que si hoy día sale el proyecto de ley, si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapre”, acusó, indicando que la caída será “tan importante, que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando, puedan seguir funcionando”.