El Juzgado de Garantía de Talagante decretó prisión preventiva contra los dos adultos formalizados por la muerte de un niño de 3 años en la comuna de Padre Hurtado.

Se trata de la madre y el padrastro del menor. La primera fue imputada por el delito de parricidio por omisión, mientras que el segundo fue acusado de homicidio calificado con la agravante de ensañamiento.

La víctima falleció la madrugada de este jueves en el Hospital Félix Bulnes, donde fue internado producto de la gravedad de sus heridas. Presentaba problemas respiratorios y diversos hematomas en su cuerpo, además de tener signos de haber sido amarrado y quemado con cigarros.

Según informó la Fiscalía en la audiencia, el hombre es sindicado como autor de los maltratos que le provocaron la muerte al pequeño. Tenía una relación de cuatro meses con la mujer, a quien se le acusa por no hacer nada para evitar el crimen.

“El imputado volvió a atacar al menor, golpeándolo, provocándole un traumatismo craneoencefálico que finalmente le ocasionó la muerte. Durante estos episodios de maltrato, estuvo presente la madre del menor, quien además percibió las secuelas que progresivamente fueron afectando a su hijo”, indicó el fiscal Pablo Sabaj.

Sabaj afirmó que se trata de “uno de los delitos más brutales al cual he asistido en 22 años de carrera” y expuso las reiteradas golpizas que el acusado le propinaba al menor. Relató como le pegó al niño porque se había caído de la ducha, además de un episodio donde le dio un golpe tan fuerte que le reventó la nariz.

La defensora penal pública Ingrid Kaempfe, abogada de la madre, aseguró que su defendida también era víctima de violencia y que “cada vez que ella intentaba ingresar a revisar al niño, el coimputado se lo impedía”.

“Él lo dijo textualmente, que le impedía cambiarse de ropa, no dejaba que ella le cambiara de ropa, que no dejaba que ella lo bañara y, de hecho, ella sufría tanto empujones, tirones de pelo”, indicó la jurista.

En base a dichos antecedentes, el tribunal de Garantía acogió la máxima cautelar solicitada por el Ministerio Público para los dos formalizados y decretó seis meses como plazo de la investigación.