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El mayor Marcelino Espinoza, comisario de la 13° Comisaría de La Granja, informó que “el día de ayer en horas de la noche recibimos un comunicado respecto de un vehículo que había chocado con cinco inmuebles”.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta sostuvo que “la ministra ha intentado hacer lo mejor posible. Es una profesional destacada”. Añadió que “veo voces muy precipitadas que quieren solo de destituciones, acusaciones constitucionales, y lo que la gente espera hoy día más, que el factor político de quien queda o quien se va, es cómo se resuelve y cómo se garantiza que no haya víctimas fatales, que no haya una situación descontrolada en este momento tan difícil del invierno”.

“Detectives de la Brigada de Ubicación de Personas, tras diversas diligencias investigativas, ubicaron en la comuna de Santiago a consejera constitucional, en buen estado de salud”, informó la Policía de Investigaciones (PDI).

La Fiscalía instruyó a la Sección de Investigación Policial para realizar las pericias correspondientes en el lugar, con el fin de aclarar lo sucedido.

Según dijeron desde la colectividad, la ministra Aguilera habría infringido la Constitución, atentando contra la integridad física y psíquica de las personas.

Según explicó el fiscal Jorge Reyes, el litigio se aplazó para el 16 de agosto luego de que los dos imputados, de nacionalidad extranjera, renunciasen a sus defensas.

Con el acontecimiento, Chile vuelve a contar con un satélite en el espacio luego de 12 años.

Respecto a un posible retorno del uso obligatorio de la misma, la titular de Salud, Ximena Aguilera, explicó que en el Consejo Asesor “no hay consenso, por la capacidad de fiscalización y todos esos temas, eso seguimos discutiéndolo. Estamos abiertos a las distintas medidas”.

La Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) había realizado la solicitud luego de la sentencia de la misma instancia judicial del pasado 27 de mayo, que prohibió el uso de la marca por competencia desleal.

La acusación provino de la Fiscalía Nacional Económica, que indicó que “este acuerdo se materializó a través de sucesivos instrumentos suscritos por las empresas requeridas para limitar sus respectivas flotas, lo que da cuenta de una voluntad ininterrumpida de afectar la libre competencia”.