Este miércoles el Parlamento Europeo ratificó la primera ley de Inteligencia Artificial (IA), norma que regula este tipo de tecnología a nivel mundial y que representa un importante paso para su aprobación final por la Unión Europea (UE).
Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, la Eurocámara respaldó el acuerdo alcanzado a finales del año pasado por un grupo de representantes de las tres instituciones comunitarias, el cual aún necesitaba la aprobación del pleno del Parlamento Europeo, según consignó Cooperativa.
La normativa permite o prohíbe el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial en función del riesgo que representen para los ciudadanos. Con esta regulación, la UE busca establecer un ejemplo para el resto del mundo y fortalecer a la industria europea frente a competidores como Estados Unidos y China, informó el citado medio.
La ley de IA prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos. Sin embargo, permite que las fuerzas del orden utilicen cámaras de identificación biométrica con autorización judicial previa para prevenir una amenaza terrorista inminente. Además, permitirá la localización e identificación de individuos que hayan perpetrado delitos asociados al terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o crímenes ambientales.
Asimismo, de acuerdo con el medio citado, el reglamento establece una serie de obligaciones para los sistemas de Inteligencia Artificial generativa, como ChatGPT o Bard. Estos sistemas deberán indicar claramente si un texto, una canción o una fotografía han sido generados mediante IA, así como asegurar que los datos utilizados para entrenar los sistemas respeten los derechos de autor.
El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, afirmó que Europa se ha convertido ahora en un líder mundial en Inteligencia Artificial y aseguró que se encuentran “regulando lo mínimo necesario, pero todo lo necesario”.
La normativa también contempla la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, encargada de coordinar el uso de esta tecnología entre las autoridades nacionales. Esta oficina estará asesorada por un panel compuesto por científicos y organizaciones de la sociedad civil.
Se prevé que la Unión Europea apruebe definitivamente la ley en las próximas semanas, sin embargo, no será hasta 2026 cuando entre en vigor.