La Contraloría General de la República publicó este jueves un instructivo relacionado con la prescindencia de las autoridades y funcionarios del Gobierno en temas electorales, en el marco del debate sobre la postura del Ejecutivo ante el plebiscito de salida de la Convención Constitucional.

El documento afirma que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar a alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad”.

El texto sostiene que “los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas”.

“Es necesario hacer presente que no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el Plebiscito”, agrega el instructivo.

La Contraloría añade que las reparticiones del Ejecutivo pueden informar sobre “las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia. Lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad”.

El documento fue dado a conocer después que el contralor Jorge Bermúdez se reuniera en la mañana de este jueves con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. Tras el encuentro, fue consultado sobre el rol que debe mantener el Gobierno frente al plebiscito de salida.

“El deber de prescindencia que existe respecto de funcionarios y autoridades está establecido en la ley, y se han desarrollado distintos instructivos de antigua data por parte de la Contraloría y que constantemente a propósito de distintas elecciones y votaciones, se va actualizando”, señaló.

Explicó que “evidentemente son ciudadanos, y por lo tanto excluida de esa situación, me refiero a fuera del horario laboral, sin usar recursos públicos y no estando en el ejercicio del cargo, las personas pueden manifestar sus opciones como cualquier ciudadano”.

Indicó que “el deber del Gobierno es garantizar que el proceso sea transparente, participativo, informado. Pero ambas opciones, en este caso a propósito de un plebiscito de salida de nueva Constitución, son igualmente legítimas y por tanto deben ser informadas por igual, y eso implica un deber de prescindencia. Eso independientemente -porque estamos hablando de políticos- que ellos tengan su propia opción”.