La senadora independiente Fabiola Campillai, ingresó a través de su abogada, una réplica formal a tribunales, con la que pide desestimar los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscan dejar sin efecto su demanda civil presentada contra agentes estatales.

Hace unas semanas, la parlamentaria presentó ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, exigiendo un pago de $2.200 millones para ella y para los integrantes de su familia.

La acción judicial alude al hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2019, en el marco de una manifestación del estallido social. Ese día, Campillai se dirigía a un paradero en San Bernardo para ir a su trabajo cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena, perdiendo la vista, el olfato y el gusto.

En una contestación a la demanda, el CDE indicó que el daño moral, “para ser indemnizado, debe ser personal, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación”.

Indicó que si bien los hechos relatados “revisten una trascendencia evidente, no puede obviarse la necesidad de establecer un límite a las reparaciones satisfactivas, las cuales solo podrán beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y conyugue”. Por ello, calificó de improcedente la inclusión de la hermana de la senadora, Ana María Campillai.

Respecto al monto, el Consejo lo estimó “desproporcionado respecto de los hechos en que se funda”, asegurando que “la indemnización del daño moral surge en razón de haberse lesionado un derecho de naturaleza no patrimonial, o sea, no avaluable en dinero”.

La Tercera consignó la tarde de este martes que la abogada de Campillai, María Alejandra Arriaza, asegura que el CDE está desconociendo que “la respuesta policial en algunos casos no se ajustó a derecho”, en el marco del estallido social.

“La violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad”, había expresado el organismo

Probablemente, dice la profesional, la institución “busque justificar el actuar de sus agentes que, en ejercicio de sus funciones, han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes (…) El contexto que sitúa la demandada es parcial y sesgado, desconoce el derecho a la manifestación y ha criminalizado la protesta social, a la vez que ha minimizado el proceso vivido en Chile”.

“Ello no se debe desconocer; existe un deber del Estado de Chile de cumplir con su obligación de establecer la verdad, hacer justicia, reparar integralmente de acuerdo a los estándares internacionales y dar garantías de no repetición”, asevera el texto.

Por otra parte, la réplica deja de manifiesto que “no hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas; su proyecto vital y el de su familia cambió totalmente (…) nada hará que recupere los sentidos que le fueron arrebatados, ni vuelva a hacer muchas cosas de las que hacía con antelación a la agresión que sufrió”.

En vista de lo anterior, afirman que “nos parece que la suma solicitada se ajusta plenamente a derecho”, pues además de las complejas secuelas físicas con las que debe lidiar la senadora, “prima un ánimo depresivo, altos montos de angustia, ansiedad, sudación, palpitaciones, dificultades para respirar, reacciones fóbicas, miedo y dificultades para dormir. Permanece en estado de alerta permanente cuando está en la vía pública por temor a ser nuevamente agredida por Carabineros”.