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Senadora Campillai demandó al Estado: pide indemnización de más de $2.000 millones

A más de dos años y medio del incidente, la parlamentaria presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo.
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La senadora independiente Fabiola Campillai denunció el Estado de Chile a raíz de los daños que sufrió en el contexto del estallido social.

La parlamentaria presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo, exigiendo una indemnización de $2.200 millones para ella y para los integrantes de su familia por daño moral.

El 26 de noviembre de 2019, Campillai se dirigía a un paradero en San Bernardo para ir a su trabajo cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena, perdiendo la vista, el olfato y el gusto.

El hecho ocurrió en el marco de una manifestación y un imputado como presunto autor del disparo, el excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, quien está cumpliendo arresto domiciliario total y arriesga 12 años de prisión por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas.

En la demanda se señala que la legisladora “es sobreviviente de una agresión gravísima por parte de agentes del Estado” y apunta a la falta de servicios prestados por la policía en contra de la víctima.

Según informó Radio Biobío, la acción judicial será tramitada por la ministra de fuero de la Corte de San Miguel, Maria Teresa Díaz, dada la condición de senadora de la denunciante.

Consultada al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló este jueves: “Nosotros tenemos un compromiso como Gobierno, respecto al respeto y resguardo de los Derechos Humanos. Y cuando el Estado de Chile trata de ponerse en los estándares internacionales en la materia, dice relación con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

“En el marco de la reparación, está la reparación integral. Que no solamente son monetarias, sino que sicológicas, médicas, etc. Esos son los estándares internacionales, y nuestro Gobierno jamás va a cuestionar las iniciativas, y las acciones, que provengan de las propias víctimas en materia de exigir la protección y resguardo de sus propios derechos”, agregó.

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