El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra el diputado Joaquín Lavín por delitos tributarios.
El organismo lo acusa de haber cometido delitos tributarios que habrían generado un perjuicio fiscal cercano a los $10 millones.
Según informa 24Horas, la acción judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se basa en una serie de trabajos gráficos encargados durante su campaña parlamentaria, los cuales fueron gestionados por Lavín y tres personas de su entorno.
Entre los querellados figura Juan Silva Morales, propietario de las imprentas MMG y Total Print, quien emitió 34 facturas que no fueron canceladas directamente por el diputado, sino mediante fondos públicos provenientes de la Corporación Administrativa de la Cámara de Diputados y devoluciones del Servel por concepto de publicidad política.
Según el libelo, “los documentos habrían sido confeccionados con el fin de justificar gastos ante el Congreso Nacional, lo que habría permitido obtener pagos provenientes de fondos públicos en forma fraudulenta o improcedente, con cargo a las asignaciones parlamentarias”.
El SII también dirigió la querella contra Felipe Vásquez Diéguez, ingeniero informático vinculado a Lavín a través de la plataforma digital “SocialTazk”, utilizada para marketing político. La Fiscalía acreditó esta relación en investigaciones previas. Otro de los involucrados es Arnoldo Domínguez Vallejos, exasesor del parlamentario, señalado por el SII como el nexo operativo en la conducta imputada.
Este caso se suma a una querella anterior interpuesta en mayo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusa a Lavín León de malversación de caudales públicos. La investigación, liderada por la Fiscalía Oriente, incluye además cargos por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Como resultado, la fiscal Constanza Encina solicitó el desafuero del diputado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, imputándole una defraudación superior a los $100 millones, según reveló Informe Especial en julio.
Tras la nueva acción del SII, la Fiscalía Oriente pidió ampliar el desafuero para incluir los delitos tributarios. En paralelo, el organismo fiscalizador acusó al parlamentario de haber presentado una declaración de impuestos “maliciosamente falsa” respecto de los ingresos percibidos desde la Cámara de Diputados durante al menos cinco años.
Esta investigación surgió como una arista del caso que involucra a la esposa del diputado, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Según antecedentes del Ministerio Público, Barriga habría cometido un desfalco generalizado en la administración municipal, con un perjuicio estimado en más de $31 mil millones.
