Un estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado (UAH) reveló que un 20% de los trabajadores chilenos no dispone de un lugar físico donde almorzar, mientras que otro 30% simplemente no come durante la jornada laboral. Además, quedó en evidencia que 4 de 10 empleados no tienen ningún beneficio de alimentación. Parlamentaria DC junto a representantes de la casa de estudios y de la CUT presentó ante la Comisión del Trabajo del Senado una iniciativa que busca construir en Chile una política laboral de alimentación para los trabajadores.

Un estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado (UAH) reveló que un 20% de los trabajadores chilenos no dispone de un lugar físico donde almorzar, mientras que otro 30% simplemente no come durante la jornada laboral.

Además, quedó en evidencia que 4 de 10 empleados no tienen ningún beneficio de alimentación, es decir, no está contemplado en sus remuneraciones ni en sus acuerdos colectivos respecto de las consideraciones de la empresa.

A raíz del fenómeno, la UAH junto a la senadora DC Carolina Goic y la vicepresidencia de la CUT, presentaron ante la Comisión del Trabajo del Senado, un proyecto de Ley que busca generar una política laboral de alimentación para los trabajadores chilenos.

“Los datos nos indican que 4 de 10 empleados no tienen ningún beneficio de alimentación, es decir, no está contemplado en sus remuneraciones ni en sus acuerdos colectivos respecto de las consideraciones de la empresa”, remarcó la parlamentaria.

“Esto sin duda es una merma en su productividad y una preocupación que debemos asumir como país pero también por parte de las empresas. Por este motivo, reconocemos con esta moción la alimentación como Derecho Humano y hacemos una modificación al Código del Trabajo que establece que en aquellos casos en que se entregan bonos de alimentación, estos van a constituir renta, no así en aquellos casos en que la empresa garantiza la alimentación de los trabajadores. Esto sigue las prácticas de los países más desarrollados y de los miembros de la OCDE”, agregó.

ESTUDIO DE LA UAH

El proyecto de ley se sustenta en el estudio macroeconómico desarrollado por la UAH a principio de 2015, donde queda demostrado que si gasto en alimentación óptima un 1%, esto tiene un efecto positivo de 0,1% en la productividad acumulada en los próximos cinco años.

Por otro lado, el estudio demuestra que los efectos sobre el PIB son del 0,3% en cinco años. Esto equivale a casi US$ 6 mil millones extras para la economía nacional y US$ 1.100 extras de presupuesto fiscal.