El abogado defensor del excanciller Andrés Allamand, respondió a la acusación constitucional interpuesta en su contra la semana pasada por 11 diputados que lo acusan de cometer “notable abandono de deberes” por renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir un cargo en España en plena crisis migratoria.

Allamand dejó el Gobierno a comienzos de febrero para asumir su cargo como secretario general de la Comunidad Iberoamericana.

De acuerdo a la defensa del exministro, encabezada por el abogado Samuel Donoso, el libelo acusatorio es “jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión cómo se habría comprometido el honor y seguridad de la nación”.

Esta semana se determinó quienes serán los parlamentarios miembros de la comisión revisora de la acusación. Los sorteados fueron Cristián Labbé (Unión Demócrata Independiente), Andrés Celis (Renovación Nacional), Jaime Araya (Partido Por la Democracia), Catalina Pérez y Jorge Brito (Revolución Democrática).

Según información consignada por El Mercurio, Donoso respondió a la acusación constitucional a través de un escrito de 22 páginas, quien remitió el documento a la comisión revisora.

El documento alerta sobre “la confusión en que incurren los acusadores”, la que es “grave: Lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, fundado en el hecho de ‘no retornar al país’ durante la primera semana de febrero de 2022 o en su posterior renuncia al cargo de ministro. Sin embargo, dicha causal no se encuentra establecida en la CPR respecto de los ministros de Estado, viéndose los acusadores en la necesidad de recurrir artificiosamente a un argumento diverso para justificar su pretensión, invocando una causal que en ningún caso cumple respecto de mi representado”.

El texto también señala que el libelo es “jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión -más allá de extensas citas genéricas de doctrina- cómo y de qué forma, don Andrés Allamand habría comprometido el honor y seguridad de la nación, pese a lo cual se pretende la aplicación de una sanción gravísima a un ciudadano con más de 30 años de su vida dedicados al servicio público”.

“La acusación constitucional es un mecanismo de fiscalización jurídica de la Cámara y, por lo mismo, únicamente podrá ser acogida si el acusado incurrió en una infracción o incorrección de tipo jurídico, no moral ni político”, continúa el escrito.

Por otra parte, el oficio da cuenta de la subrogancia de Cancillería mientras el exministro “fue autorizado, mediante un acto administrativo formal previamente tramitado, para hacer uso de su feriado legal entre los días 31 de enero de 2022 y 11 de febrero de 2022”.

Recordar que la acusación declara que Allamand cometió “notable abandono de deberes” por renunciar en febrero de este año a la Cancillería para asumir como secretario general de la Comunidad Iberoamericana en España.

La situación fue criticada debido a los episodios de violencia que ocurrieron en esa fecha en el norte del país, como la agresión de migrantes en contra de Carabineros en Iquique o el homicidio del camionero Byron Castillo en Antofagasta, hechos que terminaron con el expresidente Sebastián Piñera decretando Estado de Excepción en la zona.

El documento acusatorio fue firmado por Pamela Jiles y sus pares del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Víctor Pino y Francisco Pulgar; además de Viviana Delgado (Ecologista Verde), Enrique Lee (Indep-Evópoli) y Clara Sagardia (Revolución Democrática).

El texto respuesta del exministro Andrés Allamand ya fue enviado a la Cámara de Diputados, pero el día lunes se dará cuenta de su recepción, en el contexto de la próxima sesión de la comisión revisora, esperando votar pronto su procedencia.