Los principales actores del mercado de confección y distribución de uniformes escolares pusieron término a algunas cláusulas de sus contratos relativas a la exclusividad en la provisión de estas prendas para los establecimientos educacionales.
A juicio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que realizó una investigación de oficio sobre esta materia, estas disposiciones restringían la libre competencia y no se ajustaban a la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC).
Ésta consideró una muestra de 99 colegios particulares y particulares subvencionados de todo el país, a los cuales se les solicitó información sobre convenios suscritos con tiendas comerciales para la confección, distribución y venta de estos bienes.
También fueron oficiadas grandes tiendas de retail y proveedores de uniformes, a los cuales se les requirió información sobre los contratos, además de antecedentes sobre la existencia de estímulos, incentivos o donaciones realizadas a los colegios para posicionar sus marcas.
Si bien se detectaron pocos incumplimientos sobre la forma en que los colegios asignaban proveedores exclusivos en este rubro, sí se observó una serie de prácticas que limitan la libre oferta y demanda que pueden afectar a padres y apoderados.
Un proceder ilícito, por ejemplo, consistía en la entrega por parte de proveedores y grandes tiendas de retail de tarjetas de regalo y/o beneficios a los colegios a cambio de que sus productos sean presentados o publicitados por éstos como “oficiales”, “exclusivos” u otros términos semejantes.
Otra práctica ilegal era la realización de contratos de “distribución exclusiva” sin licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad en las prendas que debían vestir los estudiantes.
Al cierre de la indagatoria, las firmas proveedoras de uniformes escolares dejaron sin efecto dichos contratos y señalaron que dejarán de entregar tarjetas de regalos, beneficios u otro tipo de estímulos a cambio de que los colegios dirijan hacia ellos la demanda de los padres y apoderados.
“Es recomendable que estas directrices sean observadas por todos los proveedores y distribuidores de uniformes para colegios, porque mientras más competencia exista en la comercialización de estos bienes, los padres y apoderados podrán acceder a prendas de mejor calidad a un buen precio”, señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
Al cierre de su investigación, la FNE también ofició al superintendente de Educación para solicitar que los colegios exhiban en un lugar visible a su comunidad los derechos referidos a uniformes escolares, publicados en la web de dicho organismo fiscalizador.
A juicio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que realizó una investigación de oficio sobre esta materia, estas disposiciones restringían la libre competencia y no se ajustaban a la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC).
Ésta consideró una muestra de 99 colegios particulares y particulares subvencionados de todo el país, a los cuales se les solicitó información sobre convenios suscritos con tiendas comerciales para la confección, distribución y venta de estos bienes.
También fueron oficiadas grandes tiendas de retail y proveedores de uniformes, a los cuales se les requirió información sobre los contratos, además de antecedentes sobre la existencia de estímulos, incentivos o donaciones realizadas a los colegios para posicionar sus marcas.
Si bien se detectaron pocos incumplimientos sobre la forma en que los colegios asignaban proveedores exclusivos en este rubro, sí se observó una serie de prácticas que limitan la libre oferta y demanda que pueden afectar a padres y apoderados.
Un proceder ilícito, por ejemplo, consistía en la entrega por parte de proveedores y grandes tiendas de retail de tarjetas de regalo y/o beneficios a los colegios a cambio de que sus productos sean presentados o publicitados por éstos como “oficiales”, “exclusivos” u otros términos semejantes.
Otra práctica ilegal era la realización de contratos de “distribución exclusiva” sin licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad en las prendas que debían vestir los estudiantes.
Al cierre de la indagatoria, las firmas proveedoras de uniformes escolares dejaron sin efecto dichos contratos y señalaron que dejarán de entregar tarjetas de regalos, beneficios u otro tipo de estímulos a cambio de que los colegios dirijan hacia ellos la demanda de los padres y apoderados.
“Es recomendable que estas directrices sean observadas por todos los proveedores y distribuidores de uniformes para colegios, porque mientras más competencia exista en la comercialización de estos bienes, los padres y apoderados podrán acceder a prendas de mejor calidad a un buen precio”, señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
Al cierre de su investigación, la FNE también ofició al superintendente de Educación para solicitar que los colegios exhiban en un lugar visible a su comunidad los derechos referidos a uniformes escolares, publicados en la web de dicho organismo fiscalizador.
