La última encuesta Cadem, cuyos resultados fueron difundidos este domingo, mostró que el Presidente Kast alcanzó un 41% de respaldo, mientras que su desaprobación cayó un punto y se ubicó en 55%.
La medición también evaluó el desempeño del gabinete ministerial, donde los ministros mejor evaluados fueron José García Ruminot (Segpres), Daniel Mas (Economía y Minería) y May Chomali (Salud), todos con un 57% de aprobación.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, fue señalado como el integrante del gabinete con mayor influencia política, alcanzando un 53% en esa categoría.
En contraste, las figuras peor evaluadas fueron Ximena Lincolao (Ciencia), Ximena Rincón (Energía) y Natalia Duco (Deporte), quienes registraron los niveles más bajos de aprobación.
Discriminación, racismo,xenofobia
La encuesta además abordó percepciones ciudadanas respecto a discriminación, racismo y xenofobia en el país.
De acuerdo con el estudio, tres de cada diez personas afirmaron haber sufrido personalmente —o que algún familiar lo hizo— situaciones de discriminación.
Las principales razones mencionadas fueron la apariencia personal, la situación económica y el hecho de ser mujer.
Asimismo, un 76% de los encuestados consideró que en Chile existe una alta discriminación hacia inmigrantes latinoamericanos. Mientras que un 70% cree que también afecta fuertemente a las personas pobres.
En tanto, un 63% opinó que existe discriminación hacia homosexuales, un 58% hacia personas negras y un 56% hacia el pueblo mapuche.
La medición también mostró preocupación respecto al aumento del racismo y la xenofobia en el país. Un 54% consideró que estos fenómenos han crecido en los últimos diez años.
Entre las razones señaladas por los encuestados aparecen el aumento de la delincuencia asociada a ciertos grupos migrantes y el incremento de la inmigración.
Otro de los temas incluidos en la encuesta fue el caso del empresario chileno Germán Naranjo.
Según el sondeo, un 90% declaró haber escuchado sobre el caso, mientras que un 81% estimó adecuada la reacción pública generada tras la controversia.
Además, un 87% manifestó estar de acuerdo con que empresas suspendan o aparten de sus funciones a trabajadores involucrados en hechos públicos de racismo o discriminación.
