La Corte de Apelaciones Concepción rechazó este miércoles el recurso de apelación presentado por la defensa, en contra de la resolución que mantuvo sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total al exfuncionario del Gobierno Regional del Biobío, Simón Felipe Acuña Medina, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de fraude al fisco, en el marco de la arista Lencería del Caso Convenios.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que no accedió a cambiar la medida cautelar que cumple el imputado desde el 30 de noviembre de 2023 y que fue revisada en audiencia del 11 de marzo pasado.

“La necesidad de cautela se satisface con la medida decretada, ya que esta resulta proporcional y suficiente para asegurar los fines del procedimiento, puesto que salvo la irreprochable conducta anterior de Acuña Medina, las demás circunstancias modificatorias de responsabilidad penal deben ser analizadas por los jueces del fondo y con todos los antecedentes que se invoquen en la etapa procesal pertinente”, sostiene el fallo.

De acuerdo a los antecedentes del caso, a mediados de 2022, la imputada Camila Alondra Polizzi Fonceca concurrió hasta el Gobierno Regional (GORE), ubicado en calle Arturo Prat 501, Concepción, para solicitar financiamiento para la fundación “Conce Solidario”.

En la repartición pública fue atendida por el entonces administrador regional, Rodrigo Martínez Fernández, quien le explicó que la fundación no cumplía con el requisito de tener una antigüedad de, a los menos, dos años.

Martínez la derivó con el coimputado, el jefe de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina, quien le sugirió que buscara otra fundación que cumpliera con la exigencia y que utilizara, además, un organismo técnico de capacitación para tercerizar actividades y así obtener el financiamiento.

Polizzi Fonceca y el también imputado Sebastián Polanco Torres contactaron a Gerardo Silva Salinas, presidente de la “Fundación en Ti”, a quien le ofrecieron un pago de $10.000.000 para utilizar dicha fundación, lo que les permitió postular a un proyecto de capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte.

En dicho contexto, Godoy Alarcón, a través del organismo técnico de capacitación (OTEC) Frumisal, el que adquirió concertado con los imputados Polizzi Fonceca y Polanco Torres, facilitó facturas por $30.000.000 por capacitaciones que nunca se realizaron. Quezada Fuentes, en tanto, facilitó cuatro boletas ideológicamente falsas por un total de $30.400.000.

La funcionaria del Gore, Vidal Vera, quien era la contraparte técnica del proyecto y estaba a cargo de supervisar su ejecución en Barrio Norte, no fiscalizó la ejecución de las actividades y capacitaciones comprometidas y tampoco solicitó la restitución de los fondos entregados a la “Fundación en Ti”, acción que le permitió a Polizzi Fonceca y Polanco Torres obtener $250.000.635 del Gobierno Regional.