El Consejo de Defensa del Estado, en audiencia de prueba realizada ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, presentó sus alegatos finales y las declaraciones de cinco especialistas que corroboraron el daño irreversible provocado al acuífero del río Copiapó, como consecuencia del socavón de la faena minera Alcaparrosa, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

El abogado de la Unidad de Medio Ambiente del CDE, Osvaldo Solís, defendió los argumentos presentados en la demanda interpuesta en mayo pasado por el organismo en contra de la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado y de su sociedad controladora, Lundin Mining SpA.

Entre estos, subrayó el daño irreversible ocasionado al acuífero, acreditado en las declaraciones prestadas por los profesionales, así como la pérdida de gran cantidad de agua dulce –en un rango de dos millones 600 mil metros cúbicos a seis millones de metros cúbicos–, volumen equivalente a más de cinco años de consumo de agua potable para la comunidad de Tierra Amarilla.

Entre los argumentos expuestos, agregó que la totalidad del acuífero se encuentra sostenido solo por cuatro muros de concreto que actúan como tapón del Caserón Gaby 4 para evitar que continúe prolongándose el escurrimiento de agua, soportes que, al no estar evaluados ambiental ni sectorialmente, podrían no tener la capacidad de soportar un sismo de gran intensidad o un evento climático extremo, como una crecida extraordinaria del río Copiapó, indicó.

En consecuencia, situaciones como las descritas eventualmente podrían propiciar el colapso de la faena extractiva y el ingreso de hasta 14 millones de metros cúbicos extras de agua hacia el interior de la mina, riesgos respecto de los cuales no existen garantías de adecuado control.

En relación con la grave afectación de recursos hídricos que son tan necesarios para la comunidad local, el abogado señaló que la acción ambiental del Consejo se fundó en los análisis técnicos y las conclusiones a las que arribaron los informes evacuados por los servicios con competencia ambiental y en el “acceso al agua potable y su saneamiento como derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado”.

Asimismo, subrayó que las declaraciones entregadas por los testigos demostraron el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el acuífero y corroboraron el daño irremediable que provocó a su estructura la fractura del sustrato rocoso, como consecuencia de la sobrexplotación y el aumento de la altitud de los caserones subterráneos de la mina, con la consiguiente pérdida de grandes cantidades de agua.

Sobre ese aspecto, enfatizó que la ocurrencia de esa conexión hidrogeológica es responsabilidad de las mineras demandadas, subrayando que los volúmenes hídricos que resultaron contaminados y permanecen alojados en el Caserón Gaby 4 y en el fondo de la mina, son bienes nacionales de uso público que exponen al acuífero del río Copiapó al riesgo del deterioro de la calidad de una parte importante de sus aguas.

Concluida la audiencia que se extendió durante dos días –en la que comparecieron nueve testigos y siete abogados representantes de ambas partes–, la presidenta y los ministros del Primer Tribunal Ambiental determinaron llevar a cabo una visita técnica al lugar, la cual se realizará el próximo 6 de diciembre.