El Colegio de Profesores y Profesoras realizará un paro nacional docente de al menos 24 horas el próximo miércoles 26 de julio, mismo que se retomará el 2 y 3 de agosto por un periodo de 48 horas.
Acorde a lo esperado por el gremio, se baraja que cerca de 120 mil profesionales se unirán a las manifestaciones que se realizarán a lo largo del país en vista de “respuestas poco contundentes” desde el Gobierno a las demandas.
De confirmarse la convocatoria señalada anteriormente, al menos 5.039 establecimientos, entre los municipales y los dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública, verían alteradas sus actividades.
Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que “el llamado que hacemos es trabajar en cada una de las comunas y en cada una de las regiones por el paro nacional (…) Es un paro que va a involucrar a todo el profesorado de todo el país”.
Las demandas que históricamente no han sido respondidas por la autoridad educativa han llevado a los colegiados a anunciar una paralización de sus funciones. En detalle, se trata de un petitorio con ocho puntos, entre los que destaca la deuda histórica de los profesores.
Sumado a lo anterior, se solicitó un plan concreto para enfrentar la violencia escolar y “así lograr una convivencia sana que permita el aprendizaje en escuelas y liceos”, además del pago de Bonos de Retiro atrasado con el fin de que “miles de docentes puedan descansar luego de años de entrega a la educación”.
Asimismo, se instó por un cambio al modelo de financiamiento de la educación para “terminar con la precariedad y que nunca más un trabajador reciba apenas una parte de su sueldo líquido por su labor”, y por el pago de la mención a profesores diferenciales y de párvulos para “terminar con una injustificable discriminación que afecta en su inmensa mayoría a profesoras”.
En la misma línea, se pidieron cambios en la jornada escolar completa para que “cumpla efectivamente sus objetivos y permita una mejor educación”, así como revisar la evaluación docente, para que “maestras y maestros tengan salud mental y puedan dedicarse con plenitud a su labor de educar”.
Finalmente, el gremio solicitó un cambio en los servicios locales de educación pública “ante su desastrosa gestión que ha causado estragos en la educación pública”.