Concluyó sus funciones la Comisión Especial Investigadora creada en marzo para investigar los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

Por 7 votos a favor y 6 en contra, la instancia aprobó el informe del oficialismo que rechaza la existencia de irregularidades en la entrega de los beneficios.

“No percibiéndose ilegalidades en la dictación de los correspondientes decretos al contener los fundamentos y calificaciones y habiéndose ejercido la potestad dentro del marco constitucional que nos rige, es que se puede concluir que no se divisa ninguna irregularidad”, consigna el documento, según reveló La Tercera.

La comisión estuvo conformada por los diputados Sofía Cid (RN), Eric Aedo (DC), Jaime Araya (Indep), Cristián Araya (Republicanos), Roberto Arroyo (Indep), Juan Antonio Coloma (UDI), Henry Leal (UDI), Daniel Manouchehri (PS), Matías Ramírez (PC), Gaspar Rivas (PDG), Diego Schalper (RN), Lorena Fries (Indep) y Claudia Mix (Comunes).

Según informó El Mostrador, el voto clave fue Arroyo, ex PDG que a último momento decidió apoyar el texto de los partidos de Gobierno.

Durante sus labores, la comisión envió un cuestionario a Boric para saber si manejaba o no antecedentes relativos a los indultos, si es que las personas que lo asesoraron en dicho momento los tuvieron, y si se consideraron los informes de Gendarmería.

Además, se pidió conocer la participación de la exministra Marcela Ríos y del exjefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía, en las decisiones. Ambos dejaron sus cargos luego de la ofensiva opositora surgida a raíz de los indultos, la cual dejó la palestra pública luego de que el Tribunal Constitucional rechazara un requerimiento presentado en contra de los mismos.

Los indultados fueron el ex-Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna, condenado por un asalto, y Jordano Santander, Cristián Cayupán, Felipe Santana, Francisco Hernández, Sebastián Montenegro, Claudio Romero, Bastián Campos, Brandon Rojas, Luis Castillo y Juan Olguín, sentenciados por delitos cometidos en el estallido social.