La Corte Suprema dará a conocer este lunes, después de la reunión del Pleno, el fallo sobre la solicitud de remoción del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
En la jornada de este viernes se escucharon los alegatos de la abogada Marisol Peña, por parte de la Fiscalía Nacional, solicitante de la remoción, y del abogado Cristóbal Osorio, defensor de Arias.
El 14 de octubre pasado, en representación del fiscal nacional Jorge Abbott, la abogada Marisol Peña presentó en la Corte Suprema la solicitud de destitución en contra de Arias.
Según explicó Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, la solicitud se basó en dos causales que señala la Constitución: mal comportamiento y la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Estas a su vez se desglosaron en 12 cargos.
En el detalle de la solicitud se señala que Arias históricamente, y en su rol como fiscal regional, ha incurrido en actos imprudentes, varios de ellos relacionados a la emisión de juicios de valor respecto de hechos que se encuentran en etapa de investigación y con diligencias pendientes y su participación en entrevistas a medios, sin informar previamente al fiscal nacional, contraviniendo las instrucciones establecidas por su superior jerárquico.
Adicionalmente, se indican otros hechos relativos a su mal comportamiento como la instrucción de abrir, por oficio, una investigación que lo ubica a él como víctima del ilícito investigado y por lo tanto, la omisión de reportar el hecho – además de inhabilitarse-, tal como indica el artículo 56 de la Ley N° 19.640.
También, se incorporaron en la solicitud el haber ordenado a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesia, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.
Respecto de los hechos que dicen relación con la negligencia manifiesta, el escrito hace referencia a dos investigaciones administrativas, de 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas por el Fiscal Regional de O’Higgins relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.
Otra de las razones añadidas a la solicitud de remoción es, como consignan los antecedentes, “su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve”, refiriéndose a su reiterada ausencia a las sesiones ordinarias del Consejo General de Fiscales, al que solo ha asistido en cuatro de las nueve las sesiones llevadas a cabo desde su nombramiento como fiscal regional.
En la jornada de este viernes se escucharon los alegatos de la abogada Marisol Peña, por parte de la Fiscalía Nacional, solicitante de la remoción, y del abogado Cristóbal Osorio, defensor de Arias.
El 14 de octubre pasado, en representación del fiscal nacional Jorge Abbott, la abogada Marisol Peña presentó en la Corte Suprema la solicitud de destitución en contra de Arias.
Según explicó Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, la solicitud se basó en dos causales que señala la Constitución: mal comportamiento y la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Estas a su vez se desglosaron en 12 cargos.
En el detalle de la solicitud se señala que Arias históricamente, y en su rol como fiscal regional, ha incurrido en actos imprudentes, varios de ellos relacionados a la emisión de juicios de valor respecto de hechos que se encuentran en etapa de investigación y con diligencias pendientes y su participación en entrevistas a medios, sin informar previamente al fiscal nacional, contraviniendo las instrucciones establecidas por su superior jerárquico.
Adicionalmente, se indican otros hechos relativos a su mal comportamiento como la instrucción de abrir, por oficio, una investigación que lo ubica a él como víctima del ilícito investigado y por lo tanto, la omisión de reportar el hecho – además de inhabilitarse-, tal como indica el artículo 56 de la Ley N° 19.640.
También, se incorporaron en la solicitud el haber ordenado a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesia, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.
Respecto de los hechos que dicen relación con la negligencia manifiesta, el escrito hace referencia a dos investigaciones administrativas, de 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas por el Fiscal Regional de O’Higgins relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.
Otra de las razones añadidas a la solicitud de remoción es, como consignan los antecedentes, “su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve”, refiriéndose a su reiterada ausencia a las sesiones ordinarias del Consejo General de Fiscales, al que solo ha asistido en cuatro de las nueve las sesiones llevadas a cabo desde su nombramiento como fiscal regional.
