La defensa del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a lo que será la Acusación Constitucional contra el secretario de Estado, la que se comenzará a revisar durante la tarde de este miércoles y contiene 175 páginas.

El abogado Pablo Ruiz- Tagle indicó que se acusa de ser una “acusación improvisada” y que “carece de un mínimo de rigor jurídico.

En la defensa se argumenta que la acusación se basa en el principio de responsabilidad objetiva, “esto quiere decir que el ministro debe responder por cualquier hecho ocurrido en el ministerio, independiente de su diligencia o de los actos que realice”.

A continuación se señala que “es un error garrafal, ya que las acusaciones constitucionales se basan siempre en la responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones. Esto es un error básico, elemental, contrario a derecho, que contamina toda la acusación, viciándola, por lo que la acusación debe ser declarada inadmisible”.

Además, se alega que “la acusación se basa en hechos deficientemente relatados y sin sustento, que no permiten configurar las causales de la supuesta vulneración a la Constitución y las leyes. Carece de hechos claros, precisos y concretos referidos a la persona del ministro y no es posible construir un nexo entre la actuación del ministro con las supuestas normas infringidas”.

A eso se le suma que el libelo “no está debidamente fundado, no se aportan pruebas necesarias, no cumple con un estándar mínimo, confundiendo reproches a la gestión con supuestas infracciones a las Constitución”.

“Es tan deficiente el escrito que se copiaron y pegaron los cuadros sobre convenios informados por la Contraloría en sus informes, tachando los convenios suscritos en el gobierno del expresidente de la República Sebastián Piñera. Es decir, los acusadores no se dieron tiempo siquiera de hacer sus propios cuadros. Al tachar los cuadros, se omite deliberadamente los actos previos al 2022 y se hace responsable al ministro de ellos”, agregaron.

“Es un escrito improvisado, con falta de argumentos básicos y errores garrafales, que no pueden permitirse dado la gravedad de la acusación y la seriedad de la institucionalidad”, indicaron.

La defensa especifica que el secretario de Estado “ejerció siempre el control jerárquico, según lo establecido en particular por el artículo 11 de la Ley de Bases, que precisa que el deber de control debe ser ejercido por las autoridades ‘dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponde’. En tal sentido, se hicieron efectivas las responsabilidades, según la estructura jerárquica del ministerio, mediante la renuncia del Seremi de la región de Antofagasta y de la Subsecretaria de la cartera”.

Sobre la vulneración al principio de probidad, si indica que “el ministro ha actuado de forma intachable, honesta, leal y haciendo prevalecer siempre el interés general por sobre el particular. No se puede configurar una infracción al principio de probidad cuando el ministro, tan pronto se enteró del caso, llevó los antecedentes a la Fiscalía de Antofagasta, en un hecho inédito”.

“Además, creó una comisión investigadora al interior del ministerio de Vivienda y Urbanismo y presentó, prontamente, un plan de modernización y probidad en el propio ministerio que ha permitido adecuar este programa a las nuevas necesidades de control y transparencia. Esto ha sido reconocido de manera transversal e incluso por la Contraloría en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”, finaliza el texto.