El nuevo defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refirió a la crisis educativa en la Región de Atacama, que ha dejado alrededor de 30 mil estudiantes dependientes del SLEP sin clases hace cerca de dos meses.

En conversación con Radio ADN, indicó que se encuentran “evaluando la eventual interposición de recursos judiciales que permitan restablecer el imperio del derecho”.

Según dijo, el organismo no tiene sede en Atacama, pero “nuestra sede regional en Coquimbo ha realizado distintas gestiones para poder ejercer nuestra facultad de intermediación entre el Servicio Local de Educación Pública, el Colegio de Profesores y la Seremía de Educación”.

“Nos hemos reunido también con los centros de padres de los establecimientos educacionales para buscar vías de solución”, detalló.

Asimismo, abordó el rol del la Defensoría de la Niñez en este caso y planteó “no es reemplazar la institucionalidad existente, no es reemplazar el rol del Ministerio de Educación, ni del Congreso, ni de los Tribunales de Justicia, sino que es, en términos bien coloquiales, como respirar en el oído a las instituciones del Estado para que la institucionalidad funcione y se coordine”.

Por otro lado, comentó sobre el proyecto de nueva Constitución y aseguró que “Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no reconoce a los niños, niñas y adolescentes en su Constitución vigente”.

“Uno de los principales desafíos que se miraban desde los distintos procesos constitucionales era contar con una norma que estableciera el mandato de la Convención sobre los derechos del niño, que es que los derechos del niño se establecieran al más alto nivel jerárquico normativo posible”, agregó.

En cuanto al texto, afirmó que se puede ver “que existe una norma que hace referencia al interés superior de niños, niñas, y adolescentes”, pero “por otra parte, no existe ninguna norma constitucional en el sentido de decir ‘niños, niñas, y adolescentes son personas titulares de derechos’, que le reconoce esta propia constitución”.

“Acá la norma evidentemente establece el interés superior, pero el hecho de que no exista un reconocimiento explícito de la niñez como sujeto de derechos, impide que esta idea de construcción del sistema integral quede dotada de armonía, y tampoco queda dotado de coherencia normativa”, acotó.

Asimismo, aseguró que “algunos sectores políticos que están a favor del texto constitucional han reconocido que esta es una de las normas que requieren trabajo, que requieren mejora”, debido a que los derechos de niños, niñas y adolescentes “no está en la Constitución vigente, y tampoco quedó entonces plenamente explicitado en la propuesta”.