La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la ley de amnistía llegó a su fin, después de, según aseguró, haber beneficiado a más de 8.600 personas.
La mandataria habló en un acto para la formación de la Comisión destinada a la realización de la denominada Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. Lo anterior “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”.
Dicha comisión será un espacio para la gestión de “aquellos casos que no estaban contemplados o mejor dicho, estaban excluidos expresamente” en una “ley de amnistía que llega a su fin”.
“La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, manifestó Rodríguez. A la vez, afirmó que 8.616 personas “tienen hoy libertad plena” gracias a la medida.
No obstante, las cifras de excarcelaciones indicadas por Rodríguez chocan con las difundidas por la ONG venezolana Foro Penal. La organización planteó que, “desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”.
Sin embargo, la presidenta encargada defendió la finalizada norma y remarcó que “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión”.
ONG JEP: “La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad”
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) tachó el anuncio de “grave atropello al Estado de Derecho”.
“Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo”, insistió en una publicación en redes sociales.
También, enfatizó que “pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas”.
“Envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”, reza el mensaje.
“Una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real”, agregó. Además, puntualizó que “la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.
