Las diputadas del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real, solicitaron la salida de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, tras conocerse la liberación del agresor de Nabila Rifo en calidad de libertad condicional. Esta situación ha desatado un debate sobre la función y responsabilidad del Estado en la protección de las mujeres víctimas de violencia.
El reciente informe de BioBioChile revela que la liberación de Ortega se debió a un abandono judicial por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). El informe señala que, después de la destitución de Beatriz Ramírez Díaz, abogada que representó a Nabila Rifo durante el proceso judicial, el caso no fue reasignado a otro profesional, lo que resultó en que ninguna asesoría legal estuvo disponible para la víctima en la audiencia que determinó la libertad condicional de su agresor.
Sofía Cid enfatizó la gravedad de la situación y la irresponsabilidad del gobierno al respecto: “Cuando el Estado actúa con improvisación y amateurismo, las consecuencias pueden costar vidas. Este gobierno que se dice ‘feminista’ terminó dejando en libertad por una negligencia al agresor de Nabila Rifo. Y llegó el momento en que ya no basta con una disculpa. Han sido demasiados los casos donde la ministra Orellana ha fallado a las mujeres que dice representar. Por eso presenté un proyecto para negar la libertad condicional a delincuentes peligrosos, porque la protección de las víctimas no puede depender de la torpeza del sistema, sino de leyes firmes y justicia real”.
Del Real también manifestó su preocupación por el impacto que la liberación de Ortega puede tener sobre las víctimas de violencia. “La falta de protección y apoyo a las mujeres es un tema urgente que este gobierno no está abordando con la seriedad que merece. La liberación de un agresor, con las circunstancias que hemos visto, representa un fracaso sistemático del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres. Es fundamental que este tipo de errores no se repitan, y eso comienza con la asunción de responsabilidades por parte de quienes están al mando”.
Las legisladoras exigieron cambios concretos en el sistema de justicia, así como una reestructuración efectiva del SernamEG para asegurar que no se repitan situaciones similares en el futuro.
“Se requieren soluciones inmediatas y efectivas que aborden esta crisis y garanticen la protección de todas las mujeres víctimas de violencia en el país”, concluyeron.
