Humberto de la Maza, ex presidente del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), se convirtió este viernes en el primer condenado en juicio abreviado del caso SQM, en el que se investiga el financiamiento irregular de campañas políticas.
Los fiscales Patricio Toro y Carmen Gloria Segura lograron la sentencia en juicio abreviado, por lo que el abogado y ex dirigente deberá cumplir 600 días de presidio remitido y el pago de una multa de 2,5 UTA (Unidad Tributaria Anual) por el delito de facilitación de boletas ideológicamente falsas.
De La Maza reconoció su participación en el ilícito para obtener una pena menor a los cinco años y poder cumplirla en libertad. “Aceptamos esto porque así es la vida política. Yo no tengo nada que decir sobre aquellos que faltaron a la verdad, sobre aquellos que guardaron silencio. He honrado la verdad, he honrado la política con mis declaraciones, me siento un buen ciudadano, he defendido también el honor de los que no se pueden defender”, declaró tras el juicio.
Durante los años comerciales 2010, 2012 y 2013, el condenado y otros imputados en la causa se concertaron con el fallecido senador Adolfo Zaldívar, a quien le facilitaron boletas ideológicamente falsas, que luego fueron entregadas a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por un total de $164 millones. Los pagos fueron autorizados por el entonces gerente general de la empresa, el imputado Patricio Contesse.
El acusado emitió nueve boletas por 50 millones de pesos, los que fueron cobrados por De la Maza a través de documentos emitidos por SQM y, posteriormente, entregados a Zaldívar, mediante depósitos bancarios. Asimismo, el sentenciado ayudó a captar a nuevos boleteros que colaboraron en las maniobras para obtener recursos desde la empresa minera no metálica.
Todas las boletas emitidas consignaban servicios o asesorías falsas o inexistentes y fueron incorporadas como gastos por SQM en su contabilidad, para incluirlas en su declaración anual de impuestos, disminuyendo su carga tributaria.
AUTOR: Daniel Giacaman Z.
FUENTE: La Nación