Greenpeace Chile reaccionó la tarde de este martes al anuncio de que el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, a través de un oficio, solicitó a la Contraloría el retiro del trámite de toma de razón 43 decretos supremos relacionados con la cartera y enviados durante el gobierno anterior.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, dijo que“urge que el Gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”.
“Esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en un contexto en que Chile debiera avanzar justamente en la dirección contraria. Chile no puede darse el lujo de retroceder, mucho menos en materias claves para la ciudadanía, que habían sido largamente esperadas y exigidas por esta”, indicó.
“Lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos”
Añadió que “lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos, sino la capacidad real del país de enfrentar la crisis climática y ecológica con la urgencia, coherencia y responsabilidad que exige el momento actual”.
“Hablamos de normas de calidad del aire, regulación de emisiones para industrias como las termoeléctricas, planes de descontaminación —como el del lago Villarrica—, instrumentos de adaptación al cambio climático, reglamentos esenciales para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y planes de recuperación de especies amenazadas como la ranita de Darwin. También se ven comprometidas medidas relevantes como la declaración del pingüino de Humboldt como Monumento Natural y la creación de múltiples áreas protegidas en distintas regiones del país, incluyendo ecosistemas estratégicos como salares y zonas marinas”, detalló.
“Estos decretos, remitidos entre 2023 y 2026, ya habían atravesado procesos técnicos, administrativos y participativos. Por lo mismo, resulta especialmente grave y difícil de justificar su retiro, ya que implica frenar su entrada en vigencia sin una explicación transparente. Las consecuencias de esta decisión son profundas: se retrasa la implementación de normas que resguardan la salud de las personas —especialmente en zonas altamente contaminadas—; se debilita aún más la institucionalidad ambiental; se postergan respuestas urgentes frente a la crisis climática; y se paralizan avances concretos en la protección de ecosistemas y especies”, sostuvo.
Roxana Núñez sostuvo que “lejos de fortalecer la gestión ambiental, este tipo de medidas instala la preocupación de que el país esté transitando hacia un escenario de retroceso, donde la protección del medio ambiente pierde prioridad frente a otras agendas. Por ello, es indispensable que el gobierno no solo entregue explicaciones claras, sino que además garantice que no se está consolidando un proceso de debilitamiento estructural de las herramientas que Chile ha construido durante décadas para resguardar su patrimonio natural”.
