La Fiscalía de Ecuador confirmó la muerte del fiscal César Suárez, que estaba a cargo de la investigación sobre el asalto armado a las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión, quien fue asesinado en un tiroteo en la tarde de este miércoles en la ciudad de Guayaquil llevado a cabo por miembros de un grupo armado.

“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso”, dijo este miércoles la fiscal general, Diana Salazar, en un mensaje grabado y transmitido en la red social X.

En este sentido, hizo un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los fiscales tras “este hecho atroz” y ha pedido a la judicatura que autorice que se celebren las audiencias “de forma telemática”.

Además, Salazar informó de que se han puesto en marcha las primeras diligencias en el lugar de los hechos “con el objetivo de garantizar” que el “crimen no quede en la impunidad”. “Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros”, indicó.

Suárez fue baleado mientras circulaba con su vehículo por una avenida en el norte de la ciudad tras salir de la sede de la Policía Judicial. Varias unidades policiales han sido desplegadas para capturar a los responsables, informó la cadena Ecuavisa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenó en un comunicado los “graves hechos de violencia” que se suceden en Ecuador e instaron al Estado a “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.

“Reconocen la zozobra generalizada que estos hechos generan en la población ecuatoriana, y reiteran su disposición de cooperación con el Estado para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la protección de periodistas”, agregó.

El fiscal, que trabajaba para la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, estaba a cargo del caso contra los once detenidos por delitos de terrorismo, cargo que conlleva una pena mínima de 16 años de cárcel y una máxima de 26 años.

Un grupo de encapuchados armados asaltó el canal ecuatoriano TC Televisión en medio de una oleada de violencia desatada por todo el país que obligó al presidente, Daniel Noboa, a declarar la existencia de un “conflicto armado interno” en el país a través del Decreto 111 y a desplegar a las Fuerzas Armadas.