Héctor Higuera, jefe Hogar de Cristo en Los Lagos.
Marina vive en Curaco de Vélez, en Chiloé. Es madre de dos hijos con discapacidad mental severa. Uno de ellos nació además con ceguera total. Durante años intentó cuidar a ambos sola, en condiciones de extrema precariedad. Pero llegó un momento en que tuvo que tomar una decisión imposible: quedarse con uno y entregar al otro al cuidado de una institución.
No hay estadísticas capaces de transmitir el peso de esa elección.
Sin embargo, la historia de Marina no es una excepción. Es el reflejo de una realidad que el Hogar de Cristo observa desde hace décadas en zonas rurales, aisladas y empobrecidas del país: cuando la discapacidad mental o los trastornos psiquiátricos severos aparecen en contextos de pobreza, las familias suelen quedar prácticamente solas.
En la Región de Los Lagos, más del 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad. La cifra aumenta significativamente con la edad y alcanza niveles altísimos en comunas rurales y aisladas. Dos ejemplos chilotes: en Maullín un 38% y en Queilén un 42% de las personas de entre 70 y 74 años tiene discapacidad mental, en circunstancias que el promedio nacional para este tramo de edad es de 26,6%. Detrás de esos números hay personas que requieren acompañamiento permanente, tratamientos continuos, redes de apoyo y servicios especializados que muchas veces están lejos o simplemente no existen.
La geografía pesa. En territorios dispersos como Chiloé, acceder a atención especializada puede implicar largos traslados, costos difíciles de asumir y una enorme carga para las familias cuidadoras. La ruralidad, el aislamiento y la falta de servicios oportunos terminan profundizando desigualdades que ya son graves.
En la Residencia Protegida para Personas con Discapacidad Mental de Castro viven doce personas con discapacidad mental severa. La mayoría ha experimentado abandono familiar. Algunos llegaron después de años de exclusión extrema. Uno de ellos pasó su infancia encerrado en un gallinero. Otro lleva tres décadas viviendo en la residencia porque no existe ningún otro lugar que pueda acogerlo.
Son historias duras, pero también son historias de dignidad recuperada.
Porque cuando existe acompañamiento, cuidados permanentes y una comunidad que no abandona, las personas florecen. Aprenden, trabajan, establecen vínculos afectivos, desarrollan autonomía y recuperan espacios de participación que parecían perdidos para siempre.
Lo preocupante es que estas experiencias siguen dependiendo demasiado de la voluntad de organizaciones sociales, equipos comprometidos y grupos de voluntarios.
La salud mental continúa siendo una de las grandes deudas sociales de Chile. Y esa deuda se vuelve aún más profunda en los territorios alejados de los grandes centros urbanos. No puede ser que el acceso a apoyos especializados dependa del código postal, de una lancha, de un transbordador o de la capacidad de una familia para resistir sola.
Una sociedad se mide por la forma en que trata a quienes más apoyo necesitan. Y hoy, en demasiados rincones del país, las personas con discapacidad mental y sus familias siguen esperando ser vistas.
La historia de Marina nos recuerda que detrás de cada política pendiente hay decisiones humanas desgarradoras. Decisiones que ninguna madre, ningún padre y ninguna familia deberían enfrentar en soledad.
Héctor Higuera, jefe Hogar de Cristo en Los Lagos.
