El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó por decreto en la madrugada de aquel lunes las tres leyes que otorgaban beneficios a los jubilados y que el Congreso había aprobado el jueves 10 de julio, alegando “graves deficiencias técnicas” y “un afán de evitar que el Gobierno cayera en viejas prácticas inconducentes”.
“La sanción de los proyectos de ley en examen implicaba la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno cayera en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya habían sido probadas inconducentes”, rezaba el decreto 534/2025, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, el mandatario argentino alegó “graves vicios reglamentarios” en la aprobación de las leyes en el Senado y “graves deficiencias técnicas”, así como una previsión de financiamiento “manifiestamente insuficiente”.
De esta forma, impidió la aprobación de tres leyes que aumentaban las pensiones, reinstalaban la moratoria de la jubilación —que permitía a personas que alcanzaban la edad requerida pero no contaban con 30 años de cotización acceder a una jubilación— y dotaban de nuevas pensiones no contributivas a personas con discapacidad.
Las normativas, de haber entrado en vigor y según el propio Milei, habrían supuesto un gasto adicional de 7.000 millones de pesos en 2025 y 17.000 millones de pesos en 2026, representando respectivamente el 0,9 % y el 1,68 % del Producto Interior Bruto (PIB), así como un incremento del 6 % sobre el gasto previsto.
