La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, reconoció este jueves las dificultades que enfrentará el Estado para dar respuesta a la reubicación de las más de 10.000 personas que habitan la toma de San Antonio, una vez que el próximo 27 de febrero se cumpla el plazo de desalojo decretado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En conversación con CNN Radio, la secretaria de Estado dijo que el Gobierno está trabajando para evitar la expulsión forzada, pero advirtió que, si esta ocurriera, los programas de protección social podrían verse “muy tensionados”.

“Hoy día las coberturas que tienen los programas sociales no se relacionan con la magnitud que esto significaría. Estamos coordinando acciones con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior para encontrar una solución consensuada con todas las partes”, indicó.

De hecho, el próximo lunes 24 de febrero hay una reunión con los dueños del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, con el objetivo de continuar el diálogo.

“Nuestro ministerio está enfocado en el seguimiento de los grupos más vulnerables, como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Nosotros nos ponemos a disposición de poder colaborar en estos apoyos”, agregó.

Consultada por alternativas concretas para las familias en caso de que el desalojo se concrete, la autoridad enfatizó que la solución habitacional es competencia del Ministerio de Vivienda. “El destino de las familias sin duda es una preocupación central, por eso esperamos que esta situación no se produzca”.

“Este es uno de los mayores desafíos en materia de campamentos y el gobierno ha trabajado con todas las herramientas disponibles para enfrentarlo”, remarcó.