Municipalidad de Santiago destituyó a rectora del Instituto Nacional por negligencia grave

La Municipalidad de Santiago informó que, tras un exhaustivo sumario administrativo, se resolvió la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes frente a un hecho de violencia escolar ocurrido dentro del establecimiento.

El procedimiento fue instruido el 21 de agosto de 2025 luego de la brutal agresión sufrida por un estudiante de tercero medio, atacado por un grupo de alumnos de cuarto medio al interior de una sala de clases, tras la difusión de una funa en redes sociales.

La investigación estableció que la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del estudiante, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM) sobre lo ocurrido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos.

El sumario determinó que estas acciones constituyen una infracción al artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de la función pública.

Durante el proceso —que respetó íntegramente las garantías del debido proceso— la exrectora presentó una lista de 45 testigos, entre ellos el exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien finalmente no declaró.

De ese listado, 12 testigos prestaron declaración, entre ellos docentes, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes, además de diligencias de careo y revisión de documentación institucional, garantizando transparencia y rigurosidad en la investigación.

Los descargos de la exrectora incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión ocurrida al interior del establecimiento y no por razones ajenas a los hechos investigados.

Finalmente, la municipalidad afirmó que la sanción de destitución se aplicó conforme a lo dispuesto en el Estatuto Docente, que regula la relación laboral de las autoridades directivas de los establecimientos públicos dependientes de la comuna.