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La familia relató que el 12 de enero, la joven salió de su casa en la población Lagos de Chile para cobrar un finiquito, prefiriendo utilizar un vehículo de una aplicación de transporte.

El beneficio, conocido también como el ex Bono Marzo, se entrega de manera automática a las familias más vulnerables del país, y que, a la vez, deben cumplir con ciertos requisitos.

El proyecto se aprobó con 84 a favor, 64 en contra y 3 abstenciones. El Ejecutivo requería un mínimo de 78 votos para aprobar en general debido a que se trata de una norma de seguridad social. Durante la tarde se deberán votar las 103 indicaciones del proyecto.

La fiscalía lo formalizó por femicidio a pesar que no mantenía una relación con la víctima. Se optó por esa figura penal por una perspectiva de género.

La operación contó con un amplio respaldo del mercado, superando los US$ 7.500 millones, dado el interés de 310 inversionistas. La emisión fue liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.

La data de muerte fue estimada en cinco días pero no se ha podido determinar si se trata de una persona de sexo femenino o masculino. Tampoco la edad aproximada de la víctima.

La titular del Trabajo sostuvo que “todavía hay tiempo y capaz que la UDI o RN, que apoyaban el 3 y 3 hace dos años atrás, pudieran también tener una apertura”.

La generación de documentos orientativos y talleres para la industria publicitaria, se encuentran entre las iniciativas programadas. Hernán Triviño, presidente de Conar, dijo que “las comunicaciones juegan un papel crucial en la construcción de la confianza de los consumidores y, cuando esta refleja la diversidad y representa de manera inclusiva a todos los segmentos de la sociedad, promovemos una publicidad ética, donde cada individuo se siente reconocido y valorado, por lo que trabajar en esta línea, ayudará a fortalecer los lazos de confianza entre las marcas y su audiencia”.

Se trata de un sujeto de nacionalidad chilena y de 36 años de edad, quien tenía una orden vigente emitida en junio de 2017 por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, relacionada con el delito de porte de arma prohibida.

Investigadores del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la casa de estudios trabajan en una noción de crimen organizado que permita identificar, de manera operativa, dimensiones, variables e indicadores para el análisis y seguimiento de este fenómeno en nuestro país. El proyecto, mandatado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contribuirá con un instrumento para la toma de decisiones político-criminales, el cual será dado a conocer el primer trimestre de este año.