Nacional

El intérprete no entregó información pública sobre las extensas declaraciones entregadas ante el 34.º Juzgado del Crimen de Santiago.

La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, recomendó a las personas que viajarán en estos días, desde el aeropuerto, a que lleguen con las horas de antelación que las aerolíneas solicitan para así evitar inconvenientes y mayores aglomeraciones en el recinto aeroportuario.

Sus hijos confirmaron la noticia en redes sociales, horas después de que su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, señalara que el exmandatario se encontraba “luchando por su vida”.

El extraditado se llama Yonatan Aníbal Cruces Flores, y fue detenido en Paraguay, país al que huyó luego del asalto en el aeropuerto en 2023.

“La víctima fue encontrada con claros signos de haber sido estrangulada”, informó el prefecto Jorge Ogueda Fuentes de la Brigada de Homicidios de la PDI de Malleco.

El subjefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, junto al diputado de ese partido, Felipe Donoso, le reprocharon al titular de Justicia que el encuentro se haya realizado fuera del ámbito institucional y de manera reservada, por lo que lo llamaron a “mantenerse al margen” en el caso.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que el arma fue examinada por expertos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, obteniendo cuatro “match”. Esto indica que las municiones y restos balísticos encontrados en las escenas del crimen fueron disparados con esta escopeta.

El Mandatario, en una ceremonia en La Moneda, sostuvo que “sabemos que el pasado no se puede modificar, pero sabemos también que se puede aprender de él y que los derechos humanos se deben respetar siempre, en todo lugar, sin importar el signo político del gobierno de turno (…) A 51 años del Golpe de Estado renovamos nuestro compromiso: democracia y derechos humanos siempre, en nuestra patria y en todos los pueblos del mundo”.

Los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio enviaron un correo electrónico al fiscal nacional, Ángel Valencia, amparándose en la Constitución, en particular en la ley sobre protección a la vida privada y hasta la ley orgánica del Ministerio Público.

La diligencia fue ordenada por la Fiscalía, pero según la defensa de la ministra, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, fueron ellos los que se comunicaron con el Ministerio Público para poner estos aparatos a disposición de la investigación.