El Juzgado de Garantía de Porvenir amplió el plazo de la investigación abierta en contra de cinco exejecutivos de la empresa Nova Austral, imputados por el Ministerio Público y los querellantes Consejo de Defensa del Estado y comunidades indígenas, como autores de los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de aguas. Los ilícitos se habrían perpetrado entre diciembre de 2016 y junio de 2019.
En la audiencia, el juez Pablo Aceituno Romero acogió la petición formulada por la fiscalía y amplió la indagatoria en 60 días, por existir diligencias pendientes, incluida la revisión de un total de 1.419.679 correos electrónicos y las entrevistas a los funcionarios fiscalizadores de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) que realizaron los informes que originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa a la empresa.
Según el ente persecutor, el entonces gerente de producción de Nova Austral, Arturo Schofield Muga, previamente concertado con los coimputados Drago Covacich Mckay, gerente regional, Nicos Nicolaides Bussenius, gerente general, y los jefes de área Rigoberto Antonio Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, al menos desde diciembre de 2016 y hasta junio de 2019, realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos sobre la siembra, cultivo, cosecha y mortandad que debían proporcionar a los organismos fiscalizadores, de los centro de producción de la salmonera.
En dicho contexto, en una reunión realizada en junio de 2017, el imputado Schofield Muga instruyó para que en 16 centros de cultivo que la empresa operaba en la costa de la isla Capitán Aracena, comuna de Punta Arenas y en el Canal Cockburn, comuna de Cabo de Hornos, respectivamente, se implementara un programa paralelo al sistema de control de producción (Fish Talk), con el objetivo de entregar a Sernapesca información adulterada de los indicadores para la evaluación de la condición sanitaria y ambiental de dichas plantas de cultivo.
Esta información falsa proporcionada por los imputados permitió que los centros de cultivo de la empresa obtuvieran una clasificación de bioseguridad alta, cuando los datos reales daban cuenta que les correspondía asignarle una clasificación de bioseguridad baja, lo que habría implicado, necesariamente, una reducción del 60% de ejemplares a sembrar.
Con esta maniobra obtuvieron, entre febrero de 2017 y junio de 2019, un monto de $50.398.204.324, solo a título de bonificación del 20% de producción, de parte de la Tesorería General de la República, de acuerdo a la Ley 18.392 (Ley Navarino), que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Asimismo, desde diciembre de 2016 y hasta junio de 2019, a lo menos, los imputados, en sus roles de directivos y trabajadores de Nova Austral habrían incurrido en diversas y reiteradas infracciones a la ley y reglamentos medioambientales, así como la resolución de calificación ambiental que autorizó la actividad acuícola.
