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Organizaciones indígenas piden reconocer la autodeterminación de sus pueblos en nuevo proceso constituyente

Para las organizaciones mapuche, los puntos que debería incluir la nueva constitución son: el derecho a la libre determinación, reconocer el delito de genocidio, otorgar soberanía territorial, la igualdad entre los Pueblos y declarar ilegal el proceso constituyente por omitir la Consulta indígena.

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Organizaciones mapuches y aymaras, integrantes del Congreso de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación, concurrirán hasta el Consejo Constitucional para “comunicar y declarar formalmente ilegal el proceso constitucional chileno”.

Durante los días 26 y 27 de julio, las organizaciones del pueblo mapuche y aymara se autoconvocaron para realizar el Congreso de Pueblos Indígenas sobre la libre determinación y el proceso constitucional chileno.

En una carta enviada a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, y a los consejeros y consejeras, señalaron que “compartimos con todos los integrantes del Consejo Constitucional los acuerdos y resoluciones sobre la ratificación de nuestros derechos imprescriptibles y reafirmamos el estatuto jurídico que disponemos los pueblos indígenas que provienen del derecho internacional y que imprescriptiblemente deben ser establecidos en el proyecto constitucional”.

Para las organizaciones mapuche, los puntos que debería incluir la nueva constitución son: el derecho a la libre determinación, reconocer el delito de genocidio, otorgar soberanía territorial, la igualdad entre los Pueblos y declarar ilegal el proceso constituyente por omitir la Consulta indígena.

Los firmantes de las exigencias mapuches fueron Aucán Huilcamán, Fernando Pérez Huilcaleo, Rosalia Antilao y Mario Mila Millalén.

Por su parte, las organizaciones del pueblo aymara, solicitaron que la nueva Carta Fundamental se aleje de la constitución redactada en 1980 durante la dictadura. También piden reconocer el derecho internacional sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas, que se establezca la restitución jurídica del territorio aymara y que se reformule la idea de un Estado “indivisible” adoptada por el Consejo Constitucional Chileno.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron que el Estado de Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios luego del despojo de territorios y recursos.

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