La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó este jueves el lanzamiento de la Política Nacional Migratoria en Chile. Esta iniciativa tiene como objetivo promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, considerando los enfoques transversales de Derechos Humanos, género, derechos de la niñez y adolescencia, e interculturalidad.
“Nos estamos poniendo al día con una deuda, pero también anticipándonos para lo que viene”, comentó la secretaria de Estado.
La iniciativa consta de 28 medidas en total, las cuales se van a implementar durante este año con el objetivo de controlar el flujo migratorio.
La política se enfoca en dos áreas principales: la gestión interna y la gestión de fronteras. En cuanto a la gestión interna, se busca garantizar la regularidad de las personas migrantes mediante la normalización del funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones. Esto implica acciones para proteger la convivencia y cohesión social en todo el país, especialmente en los territorios con mayor número de extranjeros.
En este sentido, Tohá señaló que la política busca promover “la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos”.
En relación a la gestión de fronteras, se enfatiza que no habrá procesos masivos de regularización como en el pasado, pero se establecerán criterios para modalidades condicionadas de regularización para grupos específicos en base a condiciones de inserción reales.
El nuevo reglamento también incluye medidas para hacer más eficaces las sanciones a quienes infrinjan la normativa migratoria, especialmente en lo que respecta a las expulsiones. Se busca abordar la irregularidad combatiendo las redes de tráfico y trata de personas y perfeccionando los mecanismos de administración de sanciones.
EMPADRONAMIENTO
Entre las medidas inmediatas que se llevarán a cabo durante 2023, se destaca el empadronamiento de migrantes –partirá en julio- la creación de un Comité Interinstitucional para materializar expulsiones pendientes desde 2013, el diseño de planes de fortalecimiento de localidades con mayor presencia de migrantes, el aumento de la oferta educativa y la presentación de un proyecto misceláneo al Congreso con ajustes legales.
Entre los ajustes legales propuestos se encuentra el aumento de multas a empresas de transporte internacional por embarcar pasajeros sin los requisitos de ingreso, la ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso por razones de seguridad, el establecimiento de la violencia intrafamiliar como delito grave relacionado con la prohibición de ingreso y expulsión, la fijación de normas de convivencia y el aumento de penas por tráfico ilícito de migrantes, entre otros.
Tohá sostuvo que “el empadronamiento no va a significar la regularización, pero nadie va a poder regularizarse si no está empadronado. No va a ser condición suficiente, pero sí va a ser condición necesaria. Lo que nos va a generar este proceso de empadronamiento es que aquellas personas que están en el territorio nacional, es que cada vez que tengan contacto con la autoridad, van a saber quiénes son, (que) hoy día no lo sabemos; vamos a saber su historial, que hoy no lo sabemos”.
