La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), presentó un proyecto de ley para proteger a las víctimas, fortalecer la responsabilidad familiar y crear un procedimiento especial ante los Tribunales de Familia. Esto para perseguir la responsabilidad civil de padres, tutores o cuidadores cuando niños, niñas o adolescentes causen daños graves a terceros.
La propuesta nace de una realidad que muchas familias, comunidades escolares y barrios conocen de cerca. Hechos de violencia, agresiones y daños o conductas reiteradas protagonizadas por menores de edad. Muchas veces las víctimas sienten que nadie responde y que el sistema llega tarde.
La senadora afirmó que “cuando una familia, un colegio o una comunidad sufre un daño grave, el Estado no puede mirar para el lado, pero la respuesta tampoco puede ser injusta ni automática. Este proyecto busca un equilibrio: proteger a las víctimas, exigir responsabilidad cuando corresponda y acompañar la formación de niños, niñas y adolescentes”.
No existirá responsabilidad automática de los padres
La iniciativa establece con claridad que no existirá responsabilidad automática de los padres, tutores o cuidadores. Para que exista indemnización, deberá acreditarse judicialmente una infracción concreta a los deberes de cuidado, supervisión, orientación o educación.
Asimismo, incorpora criterios de proporcionalidad, eximentes vinculadas a la debida diligencia parental y la consideración de factores de salud mental, neurodesarrollo o vulnerabilidad que puedan influir en la conducta del menor.
Núñez agregó que “ser padre, madre o cuidador implica una responsabilidad profunda y este proyecto distingue entre quienes cumplen sus deberes y quienes, por abandono, negligencia o falta de supervisión, permiten que se generen daños graves a otros”.
La propuesta también fortalece mecanismos de mediación y justicia restaurativa, promoviendo acuerdos reparatorios, planes de reparación y medidas orientadas a prevenir nuevas conductas dañosas. El objetivo es que la respuesta del sistema no se limite a sancionar, sino que también permita reparar, educar y evitar que estos hechos se repitan.
El texto radica la competencia en los Tribunales de Familia. Crea un procedimiento oral y concentrado, fija reglas especiales de prueba y coordinación con causas penales o proteccionales, y establece límites indemnizatorios para evitar litigios abusivos o desproporcionados.
La presidenta del Senado subrayó que “Chile necesita un sistema que proteja a las víctimas, que apoye a las familias responsables y que también ponga límites cuando esos límites han fallado. Este proyecto apunta a una convivencia más segura, más justa y más humana”.
Con esta iniciativa, la Presidencia del Senado busca avanzar hacia una legislación moderna, especializada y equilibrada, capaz de compatibilizar la protección de las víctimas con la responsabilidad familiar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
